El defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, emitió ayer un comunicado en el que rechaza declaraciones emitidas por el Ejecutivo, en las que amenazaron con no dar recursos públicos a las comunidades en las que gane un opositor.
Según Villena, estas afirmaciones pueden amedrentar el voto de los ciudadanos, que mañana se avocan a elecciones subnacionales para elegir a 339 alcaldes, a los legisladores regionales y concejales municipales.
“A nuestras obreras y obreros, a las futuras generaciones, ¿cómo voy a poder trabajar por la ciudad de El Alto con la gente de la derecha? (…) Si quieren más obras, acá estáÉdgar Patana (candidato a la Alcaldía alteña); si quieren más obras, acá está Felipa Huanca (candidata a la Gobernación de La Paz)”, afirmó Morales, según declaraciones difundidas por el canal Gigavisión, replicadas por el sitio digital eju.tv.
El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, lamentó ayer que durante la campaña, varias autoridades del gobierno de Evo Morales amenazaron en varias oportunidades con negar el apoyo de recursos públicos del Estado a aquellos lugares donde resulten ganadores los frentes opositores, durante los comicios subnacionales que se celebrarán mañana.
“Creemos que esas advertencias dañan la democracia y generan un innecesario malestar en [quienes] tienen derecho de elegir en completa libertad y exentos de presiones, amenazas o condiciones”, agregó.
Villena aludió así a las advertencias lanzadas semanas atrás por el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, quienes señalaron que el Ejecutivo no invertirá ni hará obras en aquellos lugares donde gane la oposición porque, dijeron, no podrán trabajar bien con “la derecha”.
La Defensoría también expresó su preocupación por el uso, en algunos casos, de “recursos, horas de trabajo e incluso espacios institucionales” estatales para hacer campaña. Esto generó un “injusto desequilibrio que perjudicó a los frentes y partidos que no eran parte de los gobiernos”, indica la nota.
Además, criticó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por no mostrar “transparencia, eficiencia, seriedad y responsabilidad” al asumir decisiones “cuestionables” que se justificaron en “interpretaciones poco claras” de las normas, dando lugar a posibles vulneraciones de los derechos de algunos partidos y ciudadanos.
A Villena también le preocupan las condiciones en que se darán las elecciones en el departamento amazónico de Beni, donde se usará una papeleta “con datos incompletos e inadecuados que puedan dar lugar a confusiones, desinformación e incluso manipulación”.
El órgano electoral vetó la semana pasada la candidatura a gobernador de Beni del opositor Ernesto Suárez, a quien las encuestas daban por virtual vencedor, y donde nunca ha ganado el partido del presidente Morales.
El TSE inhabilitó al partido de Suárez, Unidad Demócrata, y a sus 228 candidatos en Beni, tras cancelar la personalidad jurídica de esta organización, por difundir una encuesta propia sobre su respaldo popular, acto que está prohibido por la norma electoral. Cuando esa decisión fue tomada, las papeletas electorales para esa región ya estaban impresas.
La Defensoría reclamó por la falta de previsión del TSE para garantizar el derecho al voto a quienes están en hospitales y cárceles, así como a los adultos mayores y personas con discapacidad.
