Dos fiscales de instrucción dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos producidos en la provincia de Córdoba en los primeros días de diciembre, en medio de una huelga de la policía, informó ayer la prensa local.
Sobre los implicados, “muchos tenían trabajo y hasta estudios universitarios” y se consideró que “contribuyeron a desatar la sensación de una guerra de todos contra todos”, detalló el diario La Nación.
El fiscal Raúl Garzón dispuso la medida contra 10 personas, mientras que su par José Mana hizo lo mismo respecto a otros 25 imputados. Mana aseguró que los imputados se “apoderaron de las calles con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública donde personas y bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia del personal policial”.
Garzón tuvo en cuenta que muchos de los acusados no contaban con antecedentes y tenían ocupaciones.
Los saqueos, según el fiscal, se centraron en productos de segunda y tercera necesidad y no en alimentos u otros de primera necesidad, por lo que las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo.
