La prensa británica perdió ayer el pulso que mantenía con los partidos políticos sobre la creación de un organismo regulador de los medios escritos en el Reino Unido con capacidad para imponer multas por malas prácticas informativas.
El consejo asesor de la reina Isabel II dio luz verde al texto acordado por conservadores, liberaldemócratas y laboristas para fundar un nuevo órgano de control, con el que pretenden evitar excesos como los que cometió el clausurado tabloide News of the World.
Los principales diarios del país se oponían a los planes de los políticos y presentaron ayer dos recursos de última hora ante el Tribunal Superior de Londres y la Corte de Apelaciones, ninguno de los cuales prosperó.
El proyecto deriva del escándalo de las escuchas ilegales del News of the World, diario del magnate Rupert Murdoch que supuestamente pinchó los teléfonos de miles de personas para obtener exclusivas.
Rebekah Brooks y Andy Coulson, exdirectores del ese periódico, que hasta su cierre en julio de 2011 era el más leído del país, se sentaron precisamente ayer en el banquillo para escuchar las acusaciones que pesan sobre ellos en el juicio por las escuchas a políticos, famosos y personas corrientes.
Diarios como The Guardian, Financial Times y The Independent están en desacuerdo con la propuesta, pero no se han alzado contra ella, mientras que rotativos conservadores como The Times, Daily Telegraph y Daily Mail se han opuesto frontalmente a la iniciativa, que interpretan como una injerencia en la libertad de expresión.
Para los periódicos, el texto pactado supone una “inaceptable interferencia” en su trabajo periodístico, mientras que los políticos consideraron que la propuesta de los medios no garantizaba la independencia del nuevo organismo regulador.
Los últimos pasos para crear el órgano, que podrá imponer multas de hasta un millón de libras (1.17 millón de euros o 1.61 millón de dólares), llegan casi un año después de que el juez Brian Leveson publicara las conclusiones de una investigación encargada por el Gobierno sobre las prácticas informativas de la prensa.
Uno de los puntos clave del informe de Leveson era la creación de un organismo que sustituyera a la obsoleta Comisión de Quejas de la Prensa, un órgano sin capacidad para sancionar ni para investigar a los medios, tachada de ineficaz.
El texto prevé la creación de un servicio rápido de resolución de quejas, al que los ciudadanos tendrán acceso previo pago de una tasa y en el que los casos serán estudiados por un grupo de entre cuatro y ocho expertos que no podrán ser periodistas, funcionarios ni diputados.
En la versión definitiva del texto se incluyó una limitación para que el Parlamento no pueda modificar las condiciones de funcionamiento del organismo.
Además del acuerdo de los dos tercios de la Cámara, también será necesario el aval unánime del propio organismo, lo que supone un acercamiento a la postura de los periódicos.
