EJECUTIVO DEFIENDE LEY DE MEDIOS

Gobierno carga contra Clarín

La Corte Suprema, que solicitó el dictamen de la procuradora general, tiene ahora la última palabra en la causa.

Gobierno carga contra Clarín
La norma enfrenta desde hace tres años y medio al gobierno de Cristina Fernández y Clarín, el mayor grupo de medios del país. AP.

El Gobierno argentino defendió ayer la ley de medios audiovisuales que enfrenta al oficialismo con el Grupo Clarín y lanzó duras críticas contra su presidente, Héctor Magnetto, en vísperas de la audiencia pública en la que la justicia decidirá sobre la constitucionalidad o no de la norma.

Con la audiencia pública que se celebrará hoy, miércoles, en la Corte Suprema, el máximo tribunal argentino dará uno de los últimos pasos antes de expedirse definitivamente sobre la ley, que fue aprobada por el Congreso en 2009, aunque una demanda presentada por Clarín frenó su plena aplicación. En declaraciones a la agencia oficial TÉLAM, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, subrayó ayer su deseo de que la Corte “resuelva definitivamente” y la norma pueda “aplicarse en forma integral, para que lo diverso, plural y multicolor de nuestro país consiga expresarse”.

“Durante muchos años el Grupo Clarín estuvo acostumbrado a ser de los que mandaban, los que decidían y condicionaban el rumbo del país, los que se ponían por encima de todos los poderes del Estado, dictando sus propias reglas”, indicó Sabbatella. El titular de la Afsca aseguró que tanto Magnetto como el grupo multimedia que preside, “son la clara expresión del poder concentrado” en Argentina, que “se niega a resignar su posición dominante en el mundo de la comunicación”.

“La desesperación del Grupo Clarín por mantener ese poder, hace que desplieguen todo tipo de maniobras y estrategias”, dijo Sabbatella, quien calificó a Magnetto como “uno de los personajes que más daño le hizo, y le sigue haciendo, a la libertad de expresión”.

A raíz de la demanda de Clarín, la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina determinó en abril pasado la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley, pero el Gobierno apeló el fallo.

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