GUATEMALA (AFP). El ex presidente de Guatemala (1993-96) Ramiro De León Carpio renunció este lunes como diputado oficialista, para no avalar el actual gobierno, cuyo estilo confrontativo no comparte y por las denuncias de corrupción que alcanzaron el pasado lunes al presidente Alfonso Portillo.
Yo, al igual que muchos guatemaltecos, me equivoqué; creí que los destinos del país se iban a manejar de otra manera, pero me equivoqué y por eso con humildad, pero con firmeza, renuncio irrevocablemente, dijo De León Carpio en rueda de prensa.
La dimisión es al cargo de vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, al cargo como diputado para el que fui electo por el pueblo, por el gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG-derecha), explicó quien también fue procurador de los Derechos Humanos entre 1989 y 1993.
También renunció a su militancia en el FRG, partido en el que fue electo secretario general adjunto el año pasado.
Confieso haber cometido el error de volver a participar (en política) al creer que podría aportar mi experiencia al país, aseguró De León, cuando indicaba que desde hace tiempo analiza su dimisión, la cual presentó este lunes al presidente del Congreso, general Efraín Ríos Montt.
Justificó no haber dimitido con anterioridad porque mantuve la esperanza (de) que cambiaría la situación (...), pero no fue así y creo que las cosas (como política de Estado) no cambiarán y he llegado a la triste conclusión de que no puedo ni debo continuar como legislador oficialista.
Me siento incómodo y me preocupan los señalamientos de corrupción, la que estimo el enemigo número uno de nuestra frágil democracia, de nuestra inconsistente paz y del absoluto respeto a los derechos humanos. Tal corrupción contribuye también a (aumentar) la pobreza y el hambre, aseguró.
También explicó que no considera nada positivo para Guatemala el estado de permanente confrontación entre el presidente Alfonso Portillo y la cúpula empresarial del país.
De León Carpio dejó entrever que su decisión se precipitó luego de que el martes pasado el diario Siglo XXI denunció que Portillo, el vicepresidente Francisco Reyes y otros dos altos funcionarios abrieron cuatro empresas y al menos 13 cuentas bancarias en Panamá, en operaciones financieras sospechosas.
