El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, declaró ayer miércoles que se mantendrá la custodia policial en edificios públicos para evitar que las autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos, nombradas por el Parlamento asuman sus cargos.
En rueda de prensa, Bolaños comentó ayer en estos términos una resolución de la Sala Uno de lo Civil de la Corte de Apelaciones de Managua que admitió el martes un amparo a favor de los intendentes de la Superintendencia de Servicios Públicos (SISEP) en contra de disposiciones del Presidente.
Bolaños dijo que el gabinete en pleno ha respaldado que "instemos (a la Policía) a que resguardemos esas instalaciones" sedes de los Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y de Acueductos y Alcantarillados (INAA).
Agregó que en la notificación que el martes les envió la Corte "nos dicen que nos abstengamos de hacer no se sabe qué, porque lo que acordó el gabinete en pleno es instar a proteger las instalaciones (públicas) y ya eso lo hicieron y se cumplió".
"No se qué le pasa (a los magistrados) de la Corte, andan un poquito confundidos y desorientados", dijo el mandatario, tras insistir que "no sé qué es lo que quieren que no hagamos".
La directora de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Fabiola Masís, explicó que en la resolución del gabinete del domingo pasado lo que se hizo fue instar a la Policía Nacional, INAA y TELCOR, que se diera cumplimiento a la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) del 27 de marzo. Por esa sentencia la CCJ resolvió que las reformas constitucionales aprobadas por el Parlamento en enero pasado, que dieron origen a la creación de la SISEP y los nombramiento de los intendentes por el Congreso, "son jurídicamente inaplicables".
La tormenta política en Nicaragua también se ha agravado después de que el Parlamento rechazara la posible intervención de la Organización de Estados Americanos para dirimir la crisis institucional que han acarreado unos nombramientos del Legislativo que no cuentan con el apoyo del Gobierno.
La junta directiva del Parlamento de Nicaragua, que dominan liberales y sandinistas opositores al gobierno de Enrique Bolaños, rechazó el martes una posible intervención de la OEA en la crisis institucional que vive esta nación.
"Los problemas de los nicaragüenses, tenemos que resolverlos los nicaragüenses", afirmó en una rueda de prensa el presidente del Parlamento, René Núñez, acompañado por todos los miembros de la junta directiva del Legislativo, integrada por cuatro diputados liberales y tres sandinistas.
El canciller nicaragüense, Norman Caldera, informó el lunes desde Fort Lauderdale (EU) de que la OEA se dispone a enviar una misión a este país, encabezada por su secretario general, José Miguel Insulza, para contribuir a solucionar la crisis institucional.
