Una reforma fiscal que incluye gravámenes para las bebidas azucaradas y los alimentos altamente calóricos fue aprobada en México el viernes pasado por la Cámara de Diputados, una polémica iniciativa en uno de los países con mayores índices de obesidad, que ahora pasó al Senado.
Luego de 17 horas de discusión, “el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma las leyes” en materia fiscal y lo remitió al Senado, que tiene hasta el 31 de octubre para ratificarlo, dijo la Cámara Baja en un comunicado.
El proyecto, enviado el 8 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto, recibió 317 votos a favor, especialmente del oficialista PRI (Partido Revolucionario Institucional) y del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática, izquierda) y 164 en contra, principalmente del PAN (Partido Acción Nacional, conservador).
Los diputados acordaron gravar “con un peso (7 centésimos de dólar) por litro a las bebidas saborizadas con azúcares añadidas”, como lo propuso el Ejecutivo, pero añadieron una imposición de “5% a alimentos no básicos con alto contenido calórico”, como productos de confitería, chocolates, cremas de maní y avellanas, dulces de leche, así como alimentos preparados a base de cereales.
La iniciativa despertó fuertes protestas por parte de asociaciones de productores de refrescos, azucareras y restaurantes, que el viernes publicaron en la prensa extensa misiva donde alegan una amenaza para la economía.
“La obesidad no se combate con impuestos (...) que afectarán a los más pobres (...) y ponen en riesgo el empleo y las inversiones”, dice uno de los mensajes publicados en el diario Reforma.