La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó ayer viernes “preocupada” por la Ley de Comunicación que entró en vigor esta semana en Ecuador, y le pidió al gobierno de Rafael Correa que “revise” la normativa para “adecuarla” a los estándares internacionales.
En una carta dirigida al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, la Relatoría valoró que la ley sancionada por el presidente Correa el 22 de junio “consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión”. Sin embargo, puntualizó que “al regular dichos principios, la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces”.
Para la Relatoría es “de particular preocupación” que la ley extienda el deber de reservar la información pública clasificada a terceros no vinculados al Estado, como los medios de comunicación y miembros de la sociedad civil organizada.
La norma también otorga a los órganos administrativos encargados de fiscalizar a los medios la facultad de solicitar información personal a las personas relacionadas con los medios.
Ayer, el comité coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa, al cual pertenece la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió que la ley tiene “graves implicaciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo” y denunció que en Ecuador se está sufriendo una “progresiva pérdida” de los derechos fundamentales.
En el pasado, Correa ha emprendido campañas para limitar las funciones y las fuentes de financiamiento de la Relatoría.