La población civil y políticos apoyaron la decisión del Gobierno de cerrar toda posibilidad de sentarse a negociar con las maras o pandillas, como parte de los esfuerzos de pacificación y seguridad.
“Nosotros no vamos a dar concesiones a quienes delinquen”, afirmó ayer el secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Hato Hasbún, que también coordina el Consejo Nacional de Seguridad en busca de consensos para apoyar el combate a la delincuencia en El Salvador. Hasbún rechazó así la pretendida incorporación de los cabecillas de las pandillas en los esfuerzos para terminar con la violencia.
El Consejo está integrado por representantes de la empresa privada, diferentes Iglesias, municipalidades, partidos políticos y la Fiscalía General de la República. Además cuenta con el apoyo de la OEA, organismos de Naciones Unidas y la Unión Europea.
Raúl Mijango, uno de los promotores de la tregua entre las pandillas, pidió recientemente que se incorpore al Consejo a los cabecillas de estos grupos porque sin ellos no se puede solucionar el problema de la violencia.
“Hay cosas más importantes que hacer en el seno del Consejo, más que hablar con pandilleros”, respondió el fiscal general de la República, Luis Martínez, que mantiene abierta una investigación sobre la tregua de las pandillas.
La población civil también está tomando posición en torno a la posibilidad de sentarse a negociar con las pandillas. “Ellos usaron la tregua para tomar fuerza y siguieron molestando, no estoy de acuerdo”, dijo a la AP Camilo Castillo, un comerciante de Santa Tecla, un próspero municipio ubicado al oeste de la capital.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 acordaron una tregua en marzo de 2012 y los homicidios bajaron hasta cinco por día, pero en las últimas semanas se han incrementado llegando hasta más de 11 diarios.