El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, no logró ayer que el Tribunal Supremo descartara como prueba unas agendas que le fueron confiscadas en la investigación del “caso Bettencourt” y que le comprometerían en varios procesos judiciales.
Sarkozy se escudaba en el artículo 67 de la Constitución, que concede privilegios judiciales a un presidente en ejercicio a la hora de ser investigado. Pero los magistrados no entraron en el fondo de esa cuestión y consideraron que el recurso en el que reclamó sus agendas carece de sentido, pues él dejó de estar imputado por supuesto abuso de debilidad de la multimillonaria dueña de LOréal, Liliane Bettencourt.
Otras 10 personas sí permanecen imputadas en la causa sobre la presunta financiación ilegal de parte de la campaña que en 2007 llevó a Sarkozy a la Presidencia, entre ellos su tesorero de campaña y luego ministro de Presupuesto, Eric Woerth.
Esas agendas, que podrían implicar a Sarkozy en al menos otras tres pesquisas, podrán seguir usándose como prueba hasta que un imputado cuestione su uso en otra instrucción, señaló el abogado de Sarkozy.
Se trata de un elemento importante porque al expresidente también se le investiga, entre otros asuntos, para aclarar si benefició a su amigo Bernard Tapie en el arbitraje privado que falló a favor del empresario y en contra del Estado por la venta de Adidas. Fue el colofón a un proceso judicial de dos décadas que en 2008 se saldó con una indemnización para Tapie de unos $520 millones que salieron de las arcas públicas.
Además, las agendas podrían arrojar luz sobre supuestas donaciones ilegales para su campaña que el entonces dictador Muamar el Gadafi pudo haber entregado a Sarkozy, jefe del Estado francés entre 2007 y 2012.