El sancionado alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entró este lunes en una semana decisiva para saber si permanecerá o no al frente del gobierno de la mayor ciudad de Colombia, indicó uno de sus abogados.
Petro, un exsenador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), lucha por revocar un fallo emitido en diciembre y ratificado en enero por la Procuraduría General que lo destituyó del cargo y le prohibió hacer política por 15 años debido al cambio en el sistema de recolección de basura de la ciudad y que el alcalde decretó en diciembre de 2012.
De acuerdo con la Procuraduría, la decisión de Petro violó normas de la libre competencia y la libre empresa, y expuso a la mayor ciudad de Colombia, con 8 millones de habitantes, a un reguero de basura por tres días.
Pero tras semanas de incertidumbre por apelaciones y recursos, tanto por parte de la defensa del alcalde como de la Procuraduría, esta semana se espera que el Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes colombianas, y el Consejo Superior de la Judicatura, la máxima instancia disciplinaria de la rama judicial en este país, fallen sobre el caso del alcalde, indicó en diálogo telefónico Rafael Barrios, uno de los abogados de Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante del país después del presidente.
“La primera decisión que esté en firme, ya sea la del Consejo de Estado o la del Consejo Superior de la Judicatura, sobre esa decisión inmediatamente la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] debe actuar”, dijo el abogado.
“Esa sería la única forma de que el alcalde se quede [en el cargo], que la Comisión Interamericana otorgue la medida cautelar”, que solicitó la defensa del alcalde a fines de 2013 y que pide suspender la decisión de la Procuraduría, explicó Barrios. Sin embargo, no hay certeza de que la comisión emita esas medidas antes de que las cortes locales fallen.