La trata de personas genera unos ingresos anuales de 32 mil millones de dólares en todo el mundo y el 85% de ese dinero proviene de la explotación sexual, que sólo en América Latina y el Caribe captó 100 mil víctimas durante el año pasado.
Los datos se desprenden de un informe de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) facilitado a EFE por su director regional para el Cono Sur, Eugenio Ambrosi, quien declaró que una mujer puede ser "vendida" a una red de explotación sexual por entre cien y mil 600 dólares.
Las víctimas de las organizaciones que trafican con personas para obligarlas a ejercer la prostitución aportan unas ganancias netas anuales de 13 mil dólares a sus explotadores, dijo el funcionario italiano.
El estudio de la OIM, que se ha centrado en Argentina, Chile y Uruguay, revela que las víctimas suelen ser mujeres de clase social baja, que viven en un ambiente de marginalidad al que suele sumarse un entorno familiar inestable y un precario nivel educativo, lo que reduce sus posibilidades laborales y las predispone a migrar y a caer en diferentes engaños.
Los ganchos para atraer a estas mujeres son diversos, pero en la mayoría de los casos se trata de otras mujeres que están relacionadas de alguna manera con su ámbito familiar y en las que la víctima confía, como vecinas o incluso miembros de su familia, que les ofrecen empleo bien remunerado en el extranjero o en su país, pero lejos de sus parientes.
Los captadores también recurren a tácticas como la publicación de anuncios, en los que no se especifica claramente cuál será el trabajo a desarrollar, casting para trabajar en el mundo de la publicidad o como modelos, o incluso el secuestro.
En la mayoría de las ocasiones, los tratantes proponen a las víctimas hacerse cargo de los gastos del viaje, por lo que las mujeres cuando llegan a su destino ya cuentan con una deuda contraída.
Ambrosi destacó que las víctimas de trata pueden llegar a convertirse en tratantes o explotadoras, bien por coacción o como resultado de los abusos sufridos, y que al menos el 50% de las mujeres no son conscientes de su condición de víctimas.
Aparte de los agentes directos, en la trata también intervienen los secundarios, que con su colaboración implícita o con su indiferencia hacen posible este tipo de prácticas, como conductores de taxis, funcionarios públicos, policías, jueces y políticos.
La relevancia de algunas de las personalidades implicadas en el proceso dificulta la declaración de las víctimas y la interposición de denuncias, y en la actualidad no existe en Argentina, Chile y Uruguay un sistema de protección para éstas, porque esta práctica no es considerada un delito.
