El advenimiento de la democracia durante la década del 80 inauguró una era de optimismo en América Latina. Desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego soplaban vientos de cambio después de décadas de regímenes autoritarios, conocidos por su desprecio de los derechos humanos, políticos y sociales. Y esto ocurría no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo entero: una ola democrática destruía murallas ideológicas y prometía desarrollo económico, apertura política y la tan anhelada paz social. Grandes expectativas se le impusieron a democracias prematuras, algunas de las cuales luchaban por ahuyentar la amenaza de una reversión a la dictadura.
Si aceptáramos la definición minimalista de la democracia aquella que iguala la celebración de elecciones periódicas con el establecimiento de un sistema democrático podríamos afirmar que al umbral del nuevo milenio América Latina, en su conjunto, con la excepción de Cuba, es democrática. No obstante, basta observar las imágenes de soborno contenidas en los vladivideos y el reciente quiebre constitucional en Venezuela para percatarse de que la democracia es mucho más que el ejercicio del voto. Y que está lejos de ser perfecta.
Estos ejemplos validan las advertencias de académicos sobre el peligro de colocar demasiadas esperanzas en la democracia, ya que el establecimiento de ésta no garantiza el desarrollo económico, la armonía política, ni la eficiencia administrativa. También demuestran que muchas de las expectativas que se crearon en torno a la democracia no se han traducido en la práctica. Hoy, después de más de una década del restablecimiento de la democracia en el hemisferio, el optimismo está en crisis y nos preguntamos si la ola democrática se está revirtiendo o, al menos, debilitando.
La democracia enfrenta una encrucijada. Al mismo tiempo que el sistema ha abierto la posibilidad de que la ciudadanía exprese sus intereses sin miedo a la represión y asuma un mayor papel en el diseño de las políticas públicas, se ha erosionado la confianza en los líderes políticos y en su capacidad de responder efectivamente a esas demandas. Es decir, el resurgimiento democrático trajo consigo la articulación de demandas políticas que al no verse satisfechas se han traducido en la desconfianza hacia las instituciones públicas, en especial hacia la figura del presidente como ejecutor del cambio político y económico. La encuesta de opinión pública El pulso de la Nación publicada por La Prensa en enero de este año, reveló que la gestión gubernamental era percibida como mala o muy mala por más del 65% de los encuestados. Además de ineficaz, el Gobierno es percibido como corrupto por una gran mayoría de la población. Así, la encuesta publicada este mes revela que el 76% de los encuestados considera que los altos índices de corrupción en el Gobierno son una realidad y no una percepción exagerada. El resultado de estos dos factores es una creciente deslegitimación de la Presidencia y el gobierno que dirige, lo cual disminuye su capacidad de toma de decisiones y de conseguir el apoyo de otros sectores de la sociedad para ejecutar su programa de gobierno. La gobernabilidad, entonces, queda en jaque y la prematura promesa democrática de hace poco más de una década parece, ahora, un ideal casi inalcanzable.
Dado este escenario en el que la democracia se muestra ineficaz, cabe preguntarse qué nos ha llevado a este resultado. Quizá la cadena de fracasos esté relacionada con la forma en que hemos entendido el significado de la palabra. Porque si bien se han adoptado mecanismos democráticos, como la división de poderes y las elecciones periódicas, no hemos entendido que el éxito del sistema tiene más que ver con la aplicación de los valores que la inspiran. Me refiero a aquellos que originan la igualdad de derechos, principio fundamental de la democracia, y que a su vez garantiza la igualdad de oportunidades. Es preciso preguntarse si en nuestra sociedad las leyes se aplican con igualdad a todos. Es preciso también cuestionarse si en nuestra sociedad, los ricos y los pobres, los que viven en la urbe y los que viven en el campo, tienen las mismas oportunidades de acceso a los servicios que ofrece el Estado. La respuesta a nadie asombra es un rotundo no. De ahí que sea necesario profundizar en el sentido de democracia, fortaleciendo las instituciones públicas, especialmente la administración de la justicia, para garantizar el estado de derecho y ampliar las oportunidades a los marginados.
Intento identificarlas, pero no veo otras salidas. Es esto: fomentar tales valores o seguir como espectadores ante el agotamiento de la ola democrática. Dado el pasado reciente optemos, entonces, por lo primero.
