La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de su Consejo de Derechos Humanos, dio un paso clave para promover la justicia por graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, señaló ayer Human Rights Watch.
El organismo de la ONU adoptó una resolución sobre Nicaragua para establecer un Grupo de Expertos que deberá “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos” cometidas en el país desde abril de 2018, incluyendo sus causas estructurales.
El Grupo de Expertos deberá formular recomendaciones para asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia.
La resolución fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay. Fue aprobada con 20 votos a favor y 7 en contra.
Panamá, que ha pedido la liberación de los presos políticos, no es miembro de este organismo y por ende no vota, informó un vocero de la cancillería panameña.
Un cómputo que desnuda al régimen
El diario La Prensa de Nicaragua, que recogió esta información ayer en su página web, publica periódicamente un registro pormenorizado de los días que han pasado ciudadanos nicaragüenses detenidos en las cárceles de ese país por su posición crítica al régimen de Daniel Ortega, la cual fue compartida con ese diario (Ver infografía).
Incluso, a comienzos de marzo de 2022, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un lapidario informe al Consejo sobre la situación en Nicaragua. El informe identifica un “patrón de graves violaciones graves de derechos civiles y políticos”, que suprimió y excluyó arbitrariamente las opiniones disidentes de las elecciones y “creó un clima poco propicio para que celebración de elecciones genuinas, libres y creíbles”.
Estas violaciones incluyeron la detención abusiva de más de 40 críticos durante el proceso electoral, incluyendo siete candidatos presidenciales y otras figuras políticas, líderes estudiantiles y campesinos, activistas, abogados defensores y periodistas. Muchos detenidos, según el informe, han estado incomunicados, y algunas mujeres detenidas han sufrido un confinamiento solitario prolongado por un período mayor a 15 días, lo cual constituye tortura.
El funcionario que se atrevió a decir lo que pasa
La situación del régimen de Ortega motivó esta semana la renuncia del embajador de ese país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields
Mcfields sorprendió a propios y extraños acusando a su país de “dictadura”. El ahora exfuncionario pidió el pasado miércoles a Daniel Ortega que libere a los presos políticos y al presidente estadounidense, Joe Biden, un amparo migratorio para los que “huyen del régimen de terror”.
“Lo que más pido: bienestar para los que están presos, que los dejen salir” y “un TPS de esperanza para los que vienen aquí huyendo”, afirmó en un diálogo organizado por el centro de estudios Wilson Center en Washington, refiriéndose al Estatus de Protección Temporal.
Mcfields rogó a Biden un TPS “porque no es justo que los miles de nicaragüenses que vienen huyendo del régimen de terror y violencia de Nicaragua sigan sufriendo escondidos en Estados Unidos”.
El TPS es un estatus concedido por el gobierno, sin que tenga que pasar por el Congreso, que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país.
Y, según él, no pueden, porque el gobierno nicaragüense es “firme y duro y doloroso en su trato con la gente”.
Los organismos de derechos humanos estiman que al menos 170 opositores están detenidos desde las protestas antigubernamentales de 2018, entre ellos siete potenciales rivales electorales de Ortega, quien ganó las presidenciales de noviembre para un cuarto mandato consecutivo.
Si Mcfields no desertó antes es porque pensaba que “podía tener un tipo de incidencia que pudiera llevar a la liberación de algunos presos políticos” pero desde que lo hizo se siente liberado, “como si le quitaran un yunque del alma”.
Desde 2018 afirma haber trasladado sus inquietudes a sus superiores, que le decían: “Tranquilo no pasa nada es simplemente la derecha que está queriendo destruir al legítimo gobierno”.
Cuando empezó a tener “comunicación diaria” con Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta, proponía “hacer esto o lo otro, pero había algo que no gustaba, el tema de los derechos humanos y la liberación de los presos”.
Después de las sugerencias “me caían como diez funcionarios que me llamaban por teléfono y me decían: ‘dice la compañera que qué te pasa, que si te has vendido al Imperio (Estados Unidos)”, después me llamaban otros, “una especie de guerra psicológica”.
La tortura “tiene cansados a los funcionarios”, tanto “civiles como militares de alto rango y de mediano rango”, que lo comentan “en los pasillos”, añade.
“Yo renuncié porque soy palmado, no tengo yates, latifundios, no tengo nada”. “Otra gente que me ha dicho que se siente inquieta. ¿Por qué no renuncia? Porque tienen propiedades, tienen carros, tienen negocios, tienen fincas, tienen haciendas”.
“Y muchos están renunciando pero les dicen: ‘OK, si te vas calladito te quedas con todas tus prebendas”, dijo Mcfields, a quien acusan de tener “una maleta llena de reales” y de estar “financiado por el Imperio y la CIA”.
Él asegura que le mantiene su esposa y recibe ayuda de una iglesia baptista de Washington. El futuro lo encara con “una maleta de esperanza y sueños”, sin aspiraciones políticas, dice.
