Venezuela, Cuba y Honduras repiten un año más en la “lista negra” de países americanos que deben mejorar su respeto a los derechos humanos, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que excluyó a Colombia del listado por primera vez en 12 años.
El Capítulo IV de ese informe, presentado ayer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y que se refiere a 2012, nombra cada año a los Estados donde el respeto a los derechos humanos merece la “atención especial” de la CIDH.
Colombia, que ha aparecido en el Capítulo IV ininterrumpidamente desde 2000, salió de la lista a raíz de la visita que la Comisión hizo al país en diciembre, y que permitirá que su situación de derechos humanos se analice en un informe aparte.
La CIDH subrayó durante esa visita que la prevista retirada de la lista era temporal y “no implica un juicio de la Comisión a la mejora o no de los derechos humanos en Colombia”, sino que responde a la reforma de la Comisión, aprobada el mes pasado. Esa reforma establece la posibilidad de eximir del Capítulo IV a los países que reciban ese año una visita de la Comisión, algo que ha rechazado Venezuela, que se niega a recibir a la CIDH desde 2002.
Como cada año desde 2005, Venezuela volvió a formar parte de la “lista negra” debido a “situaciones estructurales” como la “fragilidad del poder Judicial y su falta de independencia e imparcialidad”, el “uso abusivo del derecho penal” o los “obstáculos” a la labor de los activistas.
Respecto a Cuba, que ha figurado en la lista cada año desde 1984, la CIDH destacó las “restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión” y de movimiento, las “represiones severas” a activistas y la “falta de elecciones” y la “falta de independencia del poder Judicial”.
Mientras, Honduras cumplió cinco años en la lista, en la que ingresó tras el golpe de Estado de 2009, que dejó “situaciones heredadas” como “la participación de militares en materia de seguridad interna y temas vinculados con la separación de poderes”.
El informe revela que en todo el continente persiste un notable nivel de incumplimiento de las recomendaciones que emite ese órgano y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.