Un proceso de titulación condicionada de fincas en las zonas que comprenden la reserva forestal de Canglón y la reserva hidrológica del Filo del Tallo, en el distrito de Chepigana, provincia de Darién, está iniciando la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), basado en un estudio sociotenencial ejecutado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
Según el diputado de Cambio Democrático Salvador Real, del circuito 5-1, este es un viejo compromiso que los gobiernos han dejado pendiente, pero al que hay que hacerle frente ante la depredación que sufren estas áreas protegidas.
En el estudio que sirve de base a esta titulación participaron organismos nacionales, organizaciones no gubernamentales y observadores ambientales. La instrucción es la de otorgar títulos de propiedad condicionados a las fincas que tienen viabilidad para brindarle un manejo adecuado a los recursos naturales.
Según Real, las fincas que califican son las que se habían establecido antes de decretarse las reservas citadas (Canglón, 1984, con 31 mil 650 hectáreas; Filo del Tallo, 1997, 24 mil 722 hectáreas) y ya eran ocupadas por familias que aún residen en ellas y que distan de las cabeceras de ríos y quebradas.
Agustín Corrales, director regional de la Anam, señaló que la evaluación de los beneficiarios no fue tarea fácil, ya que son muchas familias las que mostraron pruebas de que ya estaban residiendo en estas áreas antes de la creación de estas reservas.
A su vez, el ambientalista Santiago Guaceruca expresó que la conservación de humedales como la laguna de Matusagaratí y las reservas de Canglón, Filo del Tallo y Chepigana están muy impactadas por invasores, debido a que los gobiernos no destinan recursos para su cuidado y conservación.
Actualmente, señaló, la Anam tiene un déficit de 40 guardaparques, carencia de personal que sufre desde hace muchos años, y que facilita invasiones en las áreas protegidas, tal como las registradas desde 1999 en el corredor biológico de la Sierra del Bagre y el Parque Nacional Darién, en Chepigana.
El pasado 27 de agosto el gobierno de Ricardo Martinelli emitió el Decreto Ejecutivo 1000 para “permitir la adjudicación a título oneroso condicionado...” de los predios ocupados en Filo del Tallo y Canglón.
La acción fue criticada por organizaciones ambientalistas. Antonio Chan, abogado del Centro de Incidencia Ambiental, dijo: “Somos muy cautos en hacer observaciones de que en un área protegida se pueda titular, sobre todo porque ya se ha demostrado en casos muy particulares en la provincia de Darién que el nivel de desgreño administrativo y la debilidad institucional han afectado directamente el patrimonio del Estado en función ambiental”.
