La fiscal de circuito de Herrera, Enereida Barrías, quien instruye el caso por la contaminación del río La Villa, podría ser citada a la Asamblea Nacional para que responda algunas interrogantes sobre la suspensión de las labores agrícolas en 116 hectáreas de la empresa Campos de Pesé, y que prohíbe el uso de vinaza en las 284 hectáreas restantes.
La posible citación surge luego de que los diputados Quibián Panay, Yanisel Ábrego y Raúl Pineda, de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, hicieran una gira de inspección a la empresa.
Al recorrido no tuvieron acceso los medios de comunicación, y se circunscribió al área administrativa, no así a las de cultivos, menos a las tinas de oxidación, donde se deposita la vinaza.
Semanas atrás, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de Herrera y Los Santos ordenaron el cierre de las tinas 1 y 3, por estar próximas al río La Villa.
Raúl Pineda, vicepresidente de la comisión, adelantó que propondrá al pleno citar a la fiscal Barrías para que explique en qué se basó para cerrar las 400 hectáreas de cultivos de caña y prohibir el uso de vinaza.
También habrá de explicar por qué guardó una información tan sensitiva como es la presencia de atrazina, detectada a 18 kilómetros aguas arriba de la empresa, y no lo reveló.
“Hay un montón de interrogantes que deberá absolver”, sostuvo.
A juicio de Pineda, primero había que demostrar que Campos de Pesé contaminó el río, para luego asumir esa serie de medidas.
Su preocupación surge de que cientos de trabajadores de la empresa están parados y enfrentan compromisos financieros, al igual que la compañía que mantiene deudas con diversos bancos.
Rafael González, presidente y representante legal de la empresa Campos de Pesé, señaló que la situación de la empresa es crítica porque se les ha obligado a un cierre forzado.
Expresó que el Ministerio Público adoptó una medida sin ningún tipo de justificación, al grado que han debido suprimir empleos eventuales y despedir a excelentes profesionales. En suma, 500 trabajadores están ahora sin oficio alguno, aseguró, y con pérdidas que estima en varios millones de dólares.
En este momento, dijo, esperan que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia admitan una apelación, luego de que los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de Herrera y Los Santos decidieran prohibirles por tres meses el uso de vinaza en 284 hectáreas de cultivos de caña, ubicadas en Las Cabras de Pesé.
Precisamente, en enero de 2015 concluye el plazo de seis meses en que el Ministerio Público debe concluir la investigación seguida a la firma Campos de Pesé.