Cinco familias cuyas casas fueron derribadas el pasado viernes 19, tras una orden de desalojo dictada por la Alcaldía de Arraiján, se niegan a abandonar el terreno, al insistir en que son sus legítimos dueños desde hace 40 años.
Ayer, lunes, integrantes de las familias, con pancartas en mano, iniciaron una jornada de protesta, en la que denuncian el “atropello” cometido en su contra.
Sobre el terreno, el cual afirman las familias que no abandonarán, se han instalado tiendas de campaña, una tolda y varios fogones, para cocinar los alimentos.
Paula González, una de las afectadas, dijo que entre el grupo hay pacientes de cáncer, discapacitados, infantes y niños que han dejado de asistir a la escuela.
La tenencia del terreno es causa de una disputa legal entre las familias y un grupo de personas que insiste haberlo comprado años atrás. El conflicto pende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.