Desde que más de 300 sindicados de la provincia de Darién fueron enviados a los penales de La Joya y La Joyita, en la capital, hace tres años, decenas de ellos han perdido sus indagatorias y audiencias, denunció Laurencio Menguizamá, padre de uno de estos detenidos.
El anciano darienita explicó que para trasladarlos desde Panamá a los juzgados de La Palma deben pagar un custodio o un agente del Servicio Nacional de Fronteras; y si el familiar del preso no tiene ese dinero o no ha pagado a la hora de movilizarse, lo bajan del autobús.
En este momento, agregó, hay más de 40 indagatorias atrasadas e igual cantidad de audiencias se ha perdido, porque no hay cómo ni quién los traslade a las fiscalías, personerías y juzgados.
Nicolás Delgado, sacerdote asignado a la Pastoral Carcelaria de Darién, dijo que nunca debieron cerrar la cárcel de Darién si el Ministerio de Gobierno carecía de una nueva para reubicarlos, porque al trasladarlos a otra región han perdido su derecho a la defensa, indagatorias y audiencias.
La Corte Suprema de Justicia dio un plazo de un año al Ministerio de Gobierno para que se construyera una nueva cárcel en Darién, pero el mandato no se ha cumplido a la fecha.