El obispo Pedro Hernández Cantarero, del Vicariato de Darién, solicitó ayer a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, una entrevista para tratar con ella y las autoridades vinculadas al problema de la tenencia de tierra en Sambú, la suspensión del desalojo de familias programado para el 30 de abril.
El obispo propone que la suspensión sea hasta que se estudie a profundidad este problema que mantiene los ánimos caldeados en el área.
El prelado indicó que ha estado más de una semana en Sambú con el equipo del vicariato escuchando las quejas de muchas familias que consideran una injusticia la decisión del Gobierno de expulsarlos de las tierras que han ocupado y trabajado por muchos años.
La conclusión, dijo Hernández, es que antes de aplicar esta resolución de desalojo ambos grupos deben conversar y estudiar bien los planteamientos de cada parte. De lo contrario, esta acción puede terminar en una tragedia que después tendrán que lamentar.
Ananías González, colono del área de Sambú, dijo que la colonia chiricana es una comunidad que se fundó desde 1950, cuando llegaron sus padres desde la provincia de Chiriquí. “Fueron los agrimensores, desde los pupitres en Panamá, quienes se metieron a nuestra comunidad”, puntualizó González.
Olindo Bacorizo, corregidor de Puerto Indio, en Sambú, dijo que en este momento hay 44 familias que han sido denunciadas como invasoras en esta comunidad y que de éstas 18 no han podido comprobar que habitaban el predio antes de crearse la comarca, en 1983.
Un resuelto del Ministerio de Gobierno programó el desalojo de estas familias que están dentro de los predios de la comarca Emberá Wounnan para el 30 de marzo, 30 de abril y el final, para el 30 de mayo de 2011.