La historia natural del istmo tiene alrededor de 3 millones de años desde su emersión de las profundidades del mar; sin embargo, la presencia humana, según investigaciones del doctor Richard Cooke, del Instituto Smithsonian, data de 11,000 años atrás, encontrándose vestigios de herramientas en el área de la Yeguada, que documentan su forma de vida y de producción agrícola de entonces. Al ser reversible el impacto de aquel estilo de vida, la naturaleza volvió a cubrir con bosques las desprotegidas tierras de entonces.
Hace algo más de 500 años, con la llegada de los colonizadores españoles, la forma humana de relacionarse con la tierra y el entorno cambió drásticamente, porque al traer el modelo de desarrollo del entonces mundo conocido, trajo consigo una agricultura más intensiva, la ganadería, la construcción de ciudades y, con ello, la urbanización de la naturaleza.
Nuestra independencia de los colonizadores, hace 200 años, no implicó una ruptura con la forma de hacer, comer, construir o entender el desarrollo que trajeron consigo. Esa independencia no implicó una mirada atrás de cómo era nuestra relación originaria; simplemente continuamos adelante, ahora uniéndonos a Colombia, en búsqueda de crecimiento, bienestar y desarrollo.
200 años han pasado de esa independencia colonial y las áreas de rica biodiversidad de nuestro territorio han quedado reducidas al 33% de lo que antes era su cobertura natural total. Ciertamente, encontrar el balance entre el crecimiento, bienestar humano y protección natural, es cada día un mayor desafío y requiere de nuevos entendimientos y aplicación del conocimiento para lograrlo; pero no es imposible.
Hoy, cuando todo indica que el planeta está superando su capacidad de generación de recursos y de procesamiento de los desechos; hoy, cuando la crisis climática obliga a no solo cambiar el discurso sino también las acciones, es cuando ese “residuo de nuestros suelos” utilizados para el desarrollo, ese 33% de áreas protegidas, debe ser comprendido como el elemento clave para la sustentación de la vida humana como la conocemos, para la generación de los recursos que necesitamos y para la mitigación de los problemas ambientales, que con nuestro hacer, hemos generado. Ese 33% de áreas protegidas no son un despropósito del desarrollo, no son suelos ociosos o un obstáculo para el crecimiento moderno. Esas áreas son la base del desarrollo, que aún no hemos comprendido en su totalidad, su deber ser. El verdadero despropósito es dárselas a la minería, a la expansión de la frontera agrícola o a la urbanización que malentiende que todo lo que necesitamos está enmarcado sólo en lo que se construye.
200 años después pareciera que volvimos 500 años atrás, donde no comprendíamos que la riqueza que teníamos era mayor que los espejos de intercambio. Privatizar las tierras nacionales, áreas protegidas, a través de decreto, a modo de edicto real, como en tiempos de la corona, no solo nos pone en retroceso de una gestión moderna y adecuada de los recursos naturales, sino que nos pone en desventaja ambiental y climática; desmejora las condiciones de las poblaciones directamente impactadas y nos desdice como nación por la palabra empeñada y los compromisos asumidos internacionalmente. ¡No al retroceso ambiental! ¡No al Decreto 141!
La autora es presidenta de la Fundación Panamá Sostenible
