La ley que regula las funciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la conozco desde que fui ministro en el gobierno de Guillermo Endara, cuando se presentó al Gabinete y fue planificada por Joaquín Vallarino, junto a un prestigioso grupo de profesionales; más tarde me tocó discutirla en la Asamblea Nacional cuando me desempeñaba como legislador.
El propósito de la ley era convertir a la futura institución en un brazo del Estado, pero que funcionara fuera del ámbito político. El Canal debía manejarse de forma eficiente, como lo ha hecho hasta ahora. Se le debía dar cabida a la empresa privada para involucrarla en la creación de nuevos proyectos y que se encargara de ciertos servicios que tuvo que asumir el Canal en 1914, porque no existían en esa época.
La idea era que la ACP solo se dedicara a brindar el servicio de traslado de barcos; no se visualizaba como un ente monopólico que desarrollaría todo tipo de actividades comerciales, cerrando el paso a la clase empresarial. No se pensaba en administrar nuevos puertos, actividades turísticas ni la fabricación de lanchas. Su misión básica y prioritaria era manejar el Canal con eficiencia y seguridad.
Para orientar y ayudar a mejorar el rumbo de la administración, se escogió una junta directiva integrada por personas con conocimiento en el manejo de la cosa pública, ingeniería, inversión en infraestructuras y conocedoras de lo que significa el Canal, sus rutas y las ventajas que le da a la navegación internacional; todo esto debía ir acompañado de una intachable conducta y honorabilidad.
Cuando se discutía la ley en la Asamblea Nacional, los legisladores opinaron que ellos deberían tener un representante en esa junta directiva.
Durante la presidencia de Mireya Moscoso se nombró a cinco nuevos miembros de la directiva, algunos prestigiosos y de gran experiencia. Yo fui uno de los aspirantes, pensando en que mi persona también pudiera contribuir en el engrandecimiento de la ACP; pero supongo que mis credenciales estaban muy por debajo de los escogidos. Nuevamente, durante esta administración un amigo diputado me sugirió someter a concurso la posición vacante de la Asamblea Nacional. Hicimos todos los trámites que exige la ley, pero mis documentos, sellados por la oficina de la Secretaría General, desaparecieron misteriosamente y nunca llegaron a la Comisión de Credenciales.
Yo pensaba obtener los votos de los panameñistas y del PRD, pero no fue así, ya el presidente de la Asamblea, el diputado José Luis Varela, se había comprometido con el Presidente a votar por otra persona, que fue un excelente candidato y es un buen director. Esto lo traigo a colación para que se vea que aún hay mucha política dentro de la institución y que, de vez en cuando, hay nombramientos políticos o de amiguismo.