El Senado de Rusia dio la aprobación final a una ley que amplía los poderes de los servicios secretos rusos (FSB) y que según los defensores de los derechos humanos y la oposición representa una vuelta a los tiempos represivos de la Unión Soviética. Según estas nuevas competencias, el principal sucesor del temido KGB dispondrá ahora de la autoridad para advertir a ciudadanos que no han violado ninguna ley pero a los que se considera potenciales criminales.
Aunque no haya evidencias de delito, cualquier persona podrá ser invitada a mantener conversaciones preventivas para descartar que se cometa un delito contra la seguridad del Estado. Negarse a esas conversaciones puede ser motivo de una multa de mil 500 dólares o arresto de 15 días.
Estas medidas se introdujeron semanas después de los atentados terroristas, ocurridos el pasado 29 de marzo en el metro de Moscú, cuando dos suicidas mataron a 40 personas. Sin embargo, los opositores al Kremlin creen que la nueva norma va dirigida contra ellos. Es la puerta para efectuar detenciones arbitrarias contra el pueblo, dicen entre otros el ex viceprimer ministro Boris Nemtsov, líder del movimiento Solidaridad.
El nuevo texto legislativo fue aprobado por 121 votos a favor y uno en contra, el que emitió el presidente del Senado o Consejo de la Federación, Serguei Mironov. La semana pasada pasó cuatro lecturas en la Duma (Cámara Baja del Parlamento). El apoyo del partido oficialista Rusia Unida permitió su aprobación por 354 votos frente a 96. Las papeletas en contra eran de los comunistas y del partido Rusia Justa, que preside Mironov. Ahora sólo necesita la firma del presidente del país, Dimitri Medvedev, para que se haga efectivo.
El jefe del Kremlin contestó la semana pasada a varias preguntas de los periodistas sobre esta cuestión durante su encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel, en Yekaterimburgo. Medvedev justificó la medida diciendo que forma parte de la legislación interna y no de una ley internacional y que todo país tiene derecho a desarrollar su propia legislación, incluyendo lo relativo a sus servicios secretos.