La ley de inmigración refrendada por la gobernadora republicana de Arizona, que convierte en delito estatal la inmigración ilegal y otorga a la policía del Estado la potestad de interrogar, exigir papeles y arrestar a personas “razonablemente sospechosas” de permanecer ilegalmente en su territorio, ha abierto la caja de los truenos en Estados Unidos. La oposición al nuevo y retrógrado texto incluye ya peticiones de boicot turístico al estado del Gran Cañón. Arizona, fronterizo con México, es un estado abrumadoramente blanco, en el que trabajan ilegalmente quizá medio millón de hispanos, la mayoría mexicanos. No le resultará por tanto muy difícil a su policía aplicar a ojo los nuevos y amplios poderes.
Pese a no haber entrado todavía en vigor (lo hará en tres meses) la decisión de los parlamentarios de Arizona, apoyada según las encuestas por la mayoría de los ciudadanos, ha levantado ya ampollas entre los grupos hispanos y los defensores de los derechos civiles. Barack Obama se ha apresurado a criticarla, considerando que contradice los principios básicos de justicia en su país.
La ley no es sólo la más drástica y racialmente discriminatoria de un Estado norteamericano. Muestra también hasta dónde pueden llegar las cosas en el más importante paso fronterizo con México, atravesado ilegalmente por miles de personas con las que inevitablemente llega parte de la violencia desatada por la guerra de los narcos. Incluso el senador republicano John McCain –otrora indulgente con una inmigración que es básica para sostener la construcción, la agricultura o el turismo del Estado– respalda la nueva ley y las tesis sobre seguridad pública de la gobernadora Jan Brewer, temeroso de perder su escaño.
La ley de Arizona representa un nuevo desafío para Obama. Al margen de que quizá sea recurrida por el fiscal general, por vulnerar supuestamente la autoridad exclusiva del Gobierno federal sobre la materia, el presidente tiene dormida en el Congreso su propuesta de reforma integral de las leyes de inmigración, que prometió hacer prioritaria en la campaña electoral y que le valió masivamente el voto hispano en 2008, un voto defraudado. En un país con al menos 15 millones de inmigrantes indocumentados, el incumplimiento de Obama, que ahora pretende reactivar el Senado, puede convertirse en bomba de relojería para las legislativas de noviembre.