Para el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el déficit presupuestal del Estado se debe a los exorbitantes beneficios que reciben los trabajadores estatales sindicalizados.
Si pagaran el doble de lo que pagan por su seguro de salud; si se aumentara en un 6% su contribución al fondo de pensiones, si se le impusiera un tope a los aumentos salariales y si los trabajadores renunciaran a su derecho a negociar contratos colectivos de trabajo, la salud fiscal del Estado mejoraría en un instante, dicen Walker y los gobernadores de Ohio, Indiana, Nueva Jersey, Tennessee, Missouri, Michigan y Nueva Hampshire.
El tema de fondo es complicado porque en esta época de intensa incertidumbre laboral el desbalance que existe entre los beneficios que reciben los trabajadores del sector público y los del sector privado es enorme. Mientras que los empleados del sector público siguen gozando de jugosas pensiones, las empresas del sector privado han dejado de ofrecer planes de pensiones a sus empleados, obligándoles a tomar riesgosos planes de pensiones sujetos a las veleidades del mercado de valores. Y ahora que la mayoría de los empleados del sector privado pueden perder sus trabajos con alarmante facilidad, quienes trabajan en el sector público parecen tener asegurados sus contratos de por vida.
Así las cosas, a nadie debería extrañar que el índice de aprobación de los sindicatos esté a su nivel más bajo en los últimos 25 años. Según una encuesta reciente del Pew Center, la mayoría de los estadounidenses piensa que los sindicatos benefician a sus afiliados, pero impactan negativamente la habilidad del país para competir en los mercados internacionales. Y si para balancear el presupuesto tuviera que escoger entre recortar programas, aumentar impuestos o disminuir las pensiones de los empleados estatales, siempre preferiría esta última opción.
Por otro lado, no es accidental que la confrontación con los sindicatos suceda a menos de dos años de la elección presidencial. En 2008, Obama ganó el estado con un cómodo margen de 14 puntos. Curiosamente, en los días previos e inmediatamente posteriores a la elección, la venta de armas en el estado se disparó en un 82% con respecto al año anterior, aparentemente motivada por la incertidumbre que el triunfo de Obama generaba en un sector de la población.
Dos años después, habiendo ganado la gobernación, un escaño al Senado, dos a la Cámara de Representantes y mayoría en la legislatura estatal, el partido republicano ha decidido enfrentar el poder político y económico de los sindicatos abanderando una causa que, según revela la encuesta de Pew, podría tener tracción con los votantes.
También el presidente Obama parece haber entendido que el horizonte real de la confrontación en Wisconsin es político y se da en un estado clave para sus aspiraciones electorales. Por eso fue que a finales de enero, apenas terminado su informe sobre el Estado de la Unión, Obama viajó a Wisconsin, y es por eso que la semana pasada el Presidente decidió insertarse en el debate presupuestal de ese y de otros estados que promueven leyes similares para controlar el gasto cargándole la cuenta a los sindicatos. Lo que está en juego son los millones de dólares con los que los sindicatos contribuyen a las campañas de los candidatos demócratas.
Desde mi perspectiva, lo que los demócratas y sus aliados sindicales deberían hacer es sentarse a la mesa de negociaciones dispuestos a revisar los términos de aquellos beneficios, de pensiones, de seguro médico, etc., que evidencian un trato preferencial y ofenden al resto de los trabajadores.
Donde no deben ceder un ápice es en su derecho a negociar sus contratos de forma colectiva. Primero, porque es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También, porque en 1962, el presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva otorgando a los sindicatos el derecho a negociar contratos colectivos con el gobierno federal y, por último, porque solo presentando un frente unido pueden los trabajadores defenderse adecuadamente frente a los ejércitos de abogados de los gobiernos estatales y de las grandes corporaciones.