En su alocución con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, insistió en el deber de los gobiernos de proteger a los medios de comunicación e “investigar y llevar ante la justicia a quienes sean responsables de ataques violentos contra periodistas”. Lastimosamente, en muchas partes del mundo –incluyendo a América Latina– la tarea de recibir y transmitir información al público se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
El periodismo está bajo asedio en muchos países, pero esto no es algo nuevo. Ocurre, sobre todo, cuando las sociedades están sometidas a regímenes autoritarios, que no respetan los derechos ciudadanos, especialmente el derecho a recibir e intercambiar información sin restricciones.
Tan solo un vistazo a nuestra propia historia basta para encontrar numerosas instancias de acoso a medios y periodistas independientes. El 23 de mayo de 1975 –este mismo día, pero 37 años atrás– Radio Impacto, emisora independiente dirigida por el economista y catedrático universitario Alberto Quirós Guardia, fue objeto de un ataque orquestado por el régimen castrense.
Mientras el profesor Quirós Guardia hablaba en su programa Diálogos de Impacto acerca de las negociaciones sobre el tratado del Canal y las bases militares, un grupo de estudiantes adictos al régimen asaltó la sede de la emisora, apedreándola y pintando consignas en sus paredes. La Guardia Nacional hizo caso omiso de la solicitud que el propietario del medio le presentó para salvaguardar sus instalaciones y, acto seguido, el Ministerio de Gobierno y Justicia ordenó la “suspensión temporal” de sus transmisiones (Diálogo Social, 9 de junio de 1975).
Según el cronista histórico Jorge Conte Porras, la dictadura militar en el poder acusó a Radio Impacto “de manipular la información periodística para soliviantar los ánimos en contra de las autoridades nacionales”. El verdadero motivo detrás del cierre era, sin embargo, el periodismo crítico emprendido por la emisora, desde cuyos micrófonos se emplazaba continuamente al régimen castrense para que ajustara sus actuaciones a los criterios de probidad, nacionalismo, justicia y derecho que los pueblos democráticos exigen de sus gobernantes.
La “suspensión temporal” se revocó días más tarde, pero el 26 de mayo el Ministerio de Gobierno citó al profesor Quirós Guardia y le prohibió hablar sobre la negociación de los tratados. El día siguiente fueron convocados al Ministerio los dueños de los medios de comunicación del país, a los que se impartió instrucciones sobre qué temas podían tratar y cuáles les estaban vedados.
Estas instrucciones fueron el tema del comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno el 29 de mayo de 1975, cuya parte medular llamaba la atención “a los concesionarios de frecuencias de radio y a los radioperiodistas” para que evitaran “festinar” o “crear alarma con noticias relacionadas con los asuntos educativos y estudiantiles, con las negociaciones con Estados Unidos de América y con los servicios públicos”. En el mismo comunicado, el Ministerio exigió consultar con “las autoridades competentes” antes de “hacer referencia a las informaciones anteriormente mencionadas”.
La campaña sistemática contra Radio Impacto y otros medios y comentaristas independientes no terminó allí. El 20 de enero de 1976, una turba prodictadura atacó nuevamente la emisora. Junto con otros dirigentes cívicos y gremiales, su propietario fue expulsado del país.
El 12 de febrero el Ministerio de Gobierno y Justicia revocó la licencia de la emisora bajo los siguientes pretextos: 1. que la estación había estado difundiendo informaciones falsas; 2. que había librado una permanente campaña de subversión mediante noticias y comentarios falsos y equívocos; 3. que no había cumplido los requisitos sobre registros del Decreto No. 343 de 1969; y 4. que la emisora requería reparaciones y modificaciones para proteger la seguridad de su personal (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá, 1978).
“Los Estados”, dijo la alta comisionada Pillay el 5 de octubre de 2011, “tienen la obligación de poner fin a la impunidad en los ataques contra periodistas”. Como lo demuestra el caso de Radio Impacto, muchas veces estos ataques provienen de las altas esferas del poder. Un Estado civilizado, que protege y promueve la libertad de expresión, es el desiderátum a que debemos aspirar todos los ciudadanos del mundo.
