La semana pasada la Justicia argentina ordenó al Gobierno Nacional otorgar publicidad oficial a la Editorial Perfil S.A., editora de las revistas Noticias y Fortuna y el diario Perfil.
La decisión pone fin a una arbitrariedad de los Kirchner, que han manejado la publicidad oficial para premiar a medios y periodistas amigos y castigar a los medios independientes. Noticias, desde hace años, y Perfil desde que salió han sido víctimas de esa arbitraria política.
Los periodistas de esos medios, además, no son atendidos por funcionarios del Gobierno y tienen vedado el ingreso a muchas oficinas del Estado, entre ellas la propia Casa Rosada. Pero no se amilanaron, no hicieron buena letra al gusto de los Kirchner, ni abdicaron de sus derechos y recurrieron a la justicia, que acaba de emitir este fallo que constituye un hito histórico en la defensa de la libertad de expresión.
El dictamen expresa que el Estado, si resuelve dar publicidad, no puede manipularla “dándola o retirándola con criterios discriminatorios”, y advierte que aplicar ese tipo de criterios, como lo ha hecho el Gobierno Nacional, constituye una violación de la Constitución y del principio de igualdad y de la libertad de expresión garantizados en la Carta Magna. Los magistrados son categóricos: “Sin ellos (la igualdad y la libertad de expresión) no existe democracia en el país”.
El fallo abunda en el tema y sostiene que la libertad de expresión es tanto para quien emite su opinión o la noticia y para quienes van a recibirla y en función de ello advierte que “el limitar o coartar la libertad de expresión a las personas y a los medios periodísticos supone una grave herida al sistema democrático, el que se sustenta en la voluntad de la ciudadanía, que ha de ser esencialmente libre de toda presión directa e indirecta”.
Pero su alcance, si cabe, va más allá. Este dictamen constituye un importante avance en la denuncia de uno de los más siniestros instrumentos de ataque a la libertad de prensa: el manejo de los recursos del Estado a través de la publicidad oficial para presionar a la prensa y a los periodistas.
Pero además, hay que agregar que estas conductas, estos abusos de poder, no solo son violatorios de normas constitucionales y atentan contra derechos propios y universales de la persona, como bien lo marca el documento del Poder Judicial argentino, sino que constituyen una inequívoca malversación de los fondos públicos. Son actos de corrupción por constituir un ilegal uso de fondos públicos en función del interés particular del administrador.
El fallo ordena al gobierno de los Kirchner a otorgar publicidad oficial a las publicaciones de Perfil, fijando un plazo de 15 días para que comience a hacerlo. Pero no dispone ningún castigo por lo hecho hasta ahora: esto es y en función de lo que dice el propio dictamen, por haber violado la Constitución y por atentar contra la libertad de los ciudadanos a expresarse e informarse sin ningún tipo de limitaciones. No los castiga por los abusos de poder, a lo que habría que añadirle el capítulo corrupción.
Es en alguna forma como decirle al ladrón que desde ahora no robe más, pero no reclamarle el botín ya robado ni castigarlo por ello, o prohibirle al torturador continuar con las torturas, sin que tenga que pagar por haber torturado.
Falta, sin duda, pero es un paso importante. Una buena noticia y no solo para Noticias y Perfil.
