Ser radical es ir a la raíz de los problemas sin desatender sus consecuencias. Es buscar las soluciones definitivas e irreversibles a los males que se padecen. El médico que no cura se queda sin pacientes. El caso de Venezuela hoy es dramático. Todas las soluciones pasan por el cambio de Presidente como fórmula previa para la sustitución de un régimen nefasto.
Cualquier consideración distinta es un ejercicio de masoquismo inútil. El último mensaje de Hugo Chávez Frías a la Asamblea Nacional, rindiendo cuenta de la gestión realizada durante el año 2009, lo mostró tal y como es él. Un ignorante tan irresponsable como audaz. Recordemos que en 1998 fue elegido constitucionalmente para un período de cinco años sin reelección.
Esa es la verdadera base de legalidad de su mandato. Sin embargo, acaba de iniciar el año doce, después de tres procesos electorales y varios referendos dentro de una cadena interminable de trampas y leyes fraudulentas e inconstitucionales. De acuerdo a las cifras que manejan los especialistas más serios, Venezuela como nación ha retrocedido setenta años en las áreas fundamentales.
Siendo el país en el tema energético más rico del continente, hoy está sin electricidad, sin agua, sin gas, sin seguridad personal ni jurídica y, cada día con menos petróleo disponible para mantener indefinidamente esta fiesta “revolucionaria” que tenemos la obligación de detener, antes de que se termine de “comunizar” la nación y desestabilizar las instituciones democráticas de esta parte del mundo. No hay ninguna justificación posible.
A estas alturas es inaceptable y falso endosar responsabilidades al pasado que culminó a finales de los años noventa. Los culpables de lo que está ocurriendo hoy están a la vista. Son los abiertos y los encubiertos, esos que se han enriquecido sin trabajar, sobre la base de buenos contactos y complicidades con los prevalidos del señor Hugo Chávez. Exigir la renuncia del Presidente, trabajar para cambiar este régimen y sustituirlo por otro que, al menos, garantice honradez y decencia, es un imperativo categórico de la historia y una obligación establecida en la Constitución y por el derecho natural, tan importante o más que el propio derecho positivo. No se trata de conspirar para “tumbar” al Gobierno o para provocar un golpe militar. Tampoco es para satisfacer las ambiciones personales o de grupo. No. Se trata de cumplir con un deber.