Nunca antes, como el pasado 23 de marzo, tantos funcionarios de tan alto nivel habían viajado desde Washington a Ciudad México para reunirse con tantas de sus contrapartes mexicanas. El tema: la seguridad común en la frontera más activa del mundo. El trasfondo: el trasiego y la violencia incesantes generados por el narcotráfico, cada vez más difíciles de frenar solo con recursos militares y policiales.
Por esto, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, definió la visita como el arranque de una “nueva etapa” en la cooperación bilateral, afincada, “en nuestra responsabilidad compartida de combatir y derrotar al crimen transnacional organizado”.
Junto a ella viajaron los secretarios de Defensa, Robert Gates, y Seguridad Interna, Janet Napolitano; el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair; el “zar” antidrogas, Gil Kerlikowske; el jefe interino de la policía antidrogas (DEA), Michele Leonhart; el fiscal general en funciones, Gary Grindler, y muchos otros delegados de similar voltaje.
La “derrota” del crimen organizado, por desgracia, quizá nunca llegue, sobre todo en el ámbito del narcotráfico, una hidra de múltiples cabezas y extensiones, capaz de enquistarse en el tejido social, regenerarse ante los golpes y reorganizarse para capturar oportunidades.
Pero algo sí parece cierto: el éxito en la lucha aumentará mientras más integral, inteligente y realista sea al abordaje. Es decir, mientras más logre superar el componente de “guerra” concentrada, para avanzar hacia el esfuerzo concertado.
De esto se trata, en gran medida, la “nueva etapa”. Su eje será expandir la Iniciativa de Mérida, aprobada en 2008 como lanzadera para combatir el narcotráfico en México y Centroamérica, y hacer que, además de contemplar la cooperación militar y policial, se extienda a otros ámbitos.
Para Clinton, la seguridad, entendida como persecución de los delincuentes, es una vertiente “fundamental” de la ecuación. Pero también hay que avanzar en la “construcción institucional”, incluir “a las comunidades y la sociedad civil” en el esfuerzo, y “trabajar juntos para impulsar el desarrollo económico y social”.
Como primer paso, la mayor parte de los $330 millones presupuestados para la Iniciativa en 2011 se destinarán a programas de reforma judicial y gobernabilidad en México.
Otro elemento esencial, anunciado desde mucho antes, será aumentar los controles para reducir el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos, atacar el lavado de dinero de los carteles mexicanos en bancos estadounidenses y reducir la demanda en las ciudades del norte.
Obama ha solicitado al Congreso $5 mil 600 millones para este fin, y en los próximos días dará a conocer su nueva política sobre drogas.
No es factible esperar cambios dramáticos en ella. Clinton descartó cualquier discusión sobre la despenalización del consumo para reducir el poder criminal de los carteles, tal como ha propuesto, entre otros grupos, una comisión encabezada por los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y Colombia, César Gaviria. Por ahora es un tema tabú en la política estadounidense, lo mismo que una regulación estricta de la venta de armas.
Pero una mezcla de medidas más integrales, combinada con un énfasis en la disminución de la demanda (que sí tendrá la nueva política de Obama) y un reconocimiento mayor de las responsabilidades compartidas, implicará avances.
Los resultados, sin embargo, serán lentos. Quizá habrá éxitos rápidos y puntuales contra ciertos carteles, sus jefes o sicarios. Pero reducir la corrupción y mejorar el desempeño de los tribunales y la policía mexicanos, esenciales para la estrategia integral, llevará mucho más tiempo y esfuerzo, y siempre habrá retrocesos y contradicciones.
Más complejo aún será reducir los problemas de exclusión social que incuban la violencia.
Al menos, sin embargo, se ha establecido un nuevo y mejor rumbo. Y esto es un gran avance.