En febrero, al evaluar sus tareas como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista español Carlos Castresana no ocultó su frustración por la falta de compromiso de muchas autoridades locales en la lucha contra los grupos criminales.
Se quejó de que sus recomendaciones “al Gobierno, al organismo judicial y al poder legislativo” no habían sido atendidas en su mayor parte, y añadió: “A veces siento la tentación de tirar la toalla”.
El lunes llegó al límite de tolerancia, anunció su renuncia y formuló graves cargos contra el recién nombrado fiscal general guatemalteco, Conrado Reyes. Lo identificó como cómplice del crimen organizado y responsable de destruir, en apenas 15 días, los avances alcanzados en 33 meses de cooperación entre la Cicig y el Ministerio Público (Fiscalía).
Difícil imaginar un panorama más lúgubre. Parecía que, nuevamente, Guatemala se enfrentaba a un serio retroceso en su complejo y accidentado proceso para fortalecer las instituciones e instaurar un verdadero Estado de derecho.
Pero el jueves, antes de lo esperado, la dirección de los hechos cambió positivamente. La Corte de Constitucionalidad destituyó a Reyes y ordenó un nuevo proceso de selección para escoger su sustituto, a lo que el presidente, Álvaro Colom, accedió de inmediato.
Nada garantiza que el nuevo fiscal reúna las características de competencia y honorabilidad que se exigen para el cargo. Es posible que las mismas “componendas” denunciadas por Castresana sobre la designación de Reyes, puedan darse durante el nuevo proceso.
Sin embargo, si algo logró el prestigioso director de la Cicig con su renuncia fue reactivar la atención internacional sobre los alarmantes índices de delincuencia e impunidad que imperan en el país, y reactivar las presiones para combatirlos en el marco de la eficacia policial y una elemental seguridad jurídica.
La Comisión, creada en 2006 por las Naciones Unidas a petición del gobierno guatemalteco, y financiada enteramente por la comunidad internacional, ha sido un factor de enorme importancia para avanzar hacia ese objetivo.
Su mandato, inédito, la autoriza a dirigir investigaciones sobre el terreno y presentar casos ante los tribunales locales. Además, ha sido clave en las reformas al Ministerio Público que Reyes trató de borrar, la capacitación y hasta la protección a investigadores, fiscales y jueces.
Sin embargo, poco quedará de este aporte cuando concluyan sus labores, en septiembre del próximo año, si, de forma simultánea, no se consolidan institucionalmente las nuevas –e incipientes– prácticas policiales y legales que ha impulsado.
El gran obstáculo, tal como ha señalado Castresana, es que los mismos grupos que trata de combatir están orgánicamente enquistados en los poderes públicos. Entre otras cosas, esto explica que, en un país de 13 millones de habitantes, ocurran 6 mil 500 muertes violentas por año (casi 20 por día), y que apenas un 2% de los casos sean resueltos. Es decir, existe un 98% de impunidad.
Al contrario de otras épocas, el Estado no es impulsor de las violaciones a los derechos humanos. Estas se originan en organizaciones irregulares. Sin embargo, el virtual secuestro y colapso de su sistema procesal y jurídico, así como los nexos de los criminales con miembros de la seguridad oficial, lo hacen responsable por inacción, descuido y, a veces, complicidad.
Para empeorar la situación, los sectores verdaderamente comprometidos con los derechos humanos son débiles. Las élites, sobre todo el gran empresariado, que ha logrado desarrollar una legalidad y seguridad paralelas para defender su patrimonio, muestran una alarmante falta de sensibilidad por los problemas nacionales. Y la sociedad, como un todo, está en extremo fracturada.
Difícilmente el “campanazo” que ha implicado la renuncia de Castresana producirá una modificación sustancial a este estado de cosas. Por el momento, sin embargo, logró evitar un grave retroceso y activó la movilización de sectores responsables, dentro y fuera del país.
Es un buen aporte, pero la tarea por delante sigue siendo en extremo difícil.
NOTA: El autor de este artículo ha sido designado embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, por lo que esta será su último artículo bisemanal con La Prensa. Sin embargo, colaborará esporádicamente, en la medida en que su nuevo cargo lo permita.