La población panameña es de las más pequeñas del continente y según las estimaciones del Instituto de Estadística y Censo (INEC), a mediados de 2016 superará los cuatro millones de personas (4,037,043). Los censos corroboran un aumento poblacional que tiende a desacelerarse, de 3.4% en la década de 1970, a 1.4% para 2020.
El producto interno bruto per cápita a precios corrientes se triplicó, entre 2000 y 2014, a 12 mil dólares. El desempleo alcanzó su nivel más bajo (4.2%) en 2012. La tasa del crecimiento de la mediana salarial y del salario mínimo en la última década fue superior a la tasa de crecimiento de la canasta básica y del índice de precios del consumidor.
La transición de una población rural a urbana se acentuó después de 1990, y en la actualidad casi la duplica, concentrándose en torno a la región interoceánica que aglutina más del 60% de la fuerza laboral. La migración a las ciudades permitió a un segmento de la población ingresar a la formalidad, disponer de servicios básicos y de otras facilidades. Pero existe otro grupo que está limitado por los rezagos sociales y requiere la intervención de políticas públicas eficaces, como las comarcas.
En Panamá, la alfabetización superó el umbral del 95% y casi la totalidad de los niños en edad escolar asiste a la escuela. El promedio de años escolares aprobados por los trabajadores es de 11.3. El sector de los servicios es el mayor empleador (66%), la industria ocupa al 19% de población activa, y el sector primario al 15%. Actualmente, más del 80% de la fuerza laboral tiene algún nivel de formación secundaria o universitaria, y el 17% ha cursado algún grado de primaria.
La pobreza en la última década se redujo en 13%, y al finalizar el año 2014 alcanzó a un cuarto de la población (25%); por el trabajo de personas mejores preparadas y remuneradas, los resultados de los programas sociales y por la aproximación al pleno empleo de la economía durante este periodo.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), todas las provincias en Panamá pierden el 54% de su potencial de desarrollo humano a causa de la desigualdad de oportunidades de género. Excluyendo al sector agrícola, la informalidad comprende el 40% de población ocupada, que percibe ingresos, pero carece de cobertura de seguridad social, contrato laboral y tampoco pagan impuestos. De no revertir oportunamente estas debilidades, aumentará la presión socioeconómica en el futuro.
Otro elemento que afectaría el bienestar social en el largo plazo, de no aplicar políticas públicas apropiadas, será el envejecimiento de la población. La edad mediana en la década de 1960 era 18 años y en 2050 será 39 años. La proporción del relevo generacional –menores de 15 años– en ese periodo se reducirá entre un 44% y un 19%. El segmento mayor de 60 años –jubilados o próximos al retiro–, según el INEC, crecerá más de cuatro veces y abarcará a un cuarto de la población, por el aumento de la esperanza de vida.
Este cambio de la estructura poblacional modificará de forma simultánea las necesidades. Los adultos mayores requieren de atención médica especializada, otros tipos de medicamentos y los centros médicos de más equipos, lo que podría aumentar el costo promedio de los servicios de salud.
La educación impacta positivamente a la sociedad, forma el capital humano y crea pertinencia para enfrentar los cambios por la globalización, haciéndolo más productivo, lo que facilita a su vez la distribución del ingreso. La enseñanza es fundamental para crear conciencia social sobre la importancia de desarrollar habilidades blandas, que actualmente es un obstáculo para mejorar nuestra competitividad.
