Nadie que tenga la intención real de levantarse a tiempo confiaría su suerte a un despertador eléctrico en ciudad de México. Las interrupciones al suministro de luz son constantes, las cuentas pueden ser abusivas y la atención al público es ineficaz. Sin embargo, la decisión tomada el domingo por el presidente Felipe Calderón de disolver por “ineficiencia operativa y financiera” la compañía estatal Luz y Fuerza, que abastece a una parte del centro del país, repercutirá no sólo en los cables de luz. También ha causado cortocircuito en los cables políticos.
Los que cuestionan la medida ven detrás la intención de privatizar el sector eléctrico más que la determinación de desmontar en general las estructuras ineficientes y privilegios adquiridos durante décadas por los sindicatos.
Agrupaciones como el sindicato petrolero y el sindicato de maestros, más cercano al gobierno y responsabilizado de muchos de los atrasos del sector educativo, no están en la mira. Esta “no es una medida contra el sindicalismo”, señaló el secretario (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Agregó que no se puede comparar el “deterioro histórico” que ha venido sufriendo Luz y Fuerza con otros casos y dijo que no se privatizará el servicio, ya que este será asumido por la Comisión Federal de Electricidad, otro organismo público.
En pleno festejo de la clasificación de México al Mundial de Sudáfrica 2010, policías federales llegaron la noche del sábado a la sede central de Luz y Fuerza del Centro y cercaron sus instalaciones. En la madrugada otros varios miles de agentes ocuparon otras sedes. El gobierno publicó después un decreto, en una edición extraordinaria el Diario Oficial de la Federación, en el que hizo pública la disolución de la compañía instituida como organismo estatal descentralizado en 1994.
El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) en ciudad de México, Jesús Valencia, responsabilizó al gobierno de la “desestabilización política o hechos violentos que se susciten” y consideró la decisión “la peor estupidez política del gobierno federal”. Ciudad de México está gobernada por el PRD.
El Sindicato Mexicano de Electricistas, que cuenta con el apoyo del ex candidato presidencial de izquierda Andrés Manuel López Obrador, marchó hacia la Secretaría de Gobernación (ministerio) y volverá a movilizarse el jueves.
Algunos organismos del sector privado se habían manifestado a favor del cierre de la compañía de luz, que abastece a ciudad de México y a algunos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. La empresa tiene más de 40 mil trabajadores en activo y unos 25 mil jubilados. Según el gobierno, el funcionamiento del organismo había dejado de ser conveniente para la economía nacional y el interés público. “Luz y Fuerza del Centro enfrentaba una situación financiera insostenible”, dijo Gómez Mont.
El funcionario atribuyó las deficiencias al contrato colectivo de trabajo, que establecía una “coadministración con el sindicato, que fue deteriorando la operación del organismo”. “Prácticamente todas las decisiones de Luz y Fuerza del Centro tenían que tomarse en función de las demandas del sindicato”, consideró. Puso como ejemplo que en la Comisión Federal de Electricidad, organismo público que ahora operará el servicio, hay un trabajador de distribución por cada 627 usuarios. En Luz y Fuerza había uno cada 291 usuarios.
El sindicalismo acumuló privilegios en México durante las siete décadas del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que quedaron intactos con la llegada al poder del conservador Partido AcciónNacional (PAN) en 2000. Los que apoyan al gobierno creen que ahora cambiarán las cosas. Los críticos consideran, en cambio, que la embestida está sólo dirigida a sindicalistas opositores.