Filtraciones de WikiLeaks al diario The New York Times confirman los peligros de subcontratar a empresas de seguridad privada para funciones que, hasta hace pocas décadas, desempeñaban los ejércitos de los Estados.
El comportamiento de contratistas de algunas de estas empresas en Irak y Afganistán se asemeja al de mercenarios en África en décadas anteriores. Financiados con diamantes y otras materias primas, ejércitos paralelos ponían en peligro la paz, la estabilidad y la soberanía de los nuevos Estados en la década de los 70.
Los estragos que produjeron estas milicias llevaron a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Africanos a desarrollar mecanismos jurídicos para prohibir y castigar la actividad mercenaria. Las organizaciones internacionales intentaban afianzar la libre determinación de pueblos que habían padecido siglos de explotación y dominación.
Las aventuras militares de Estados Unidos y de su “coalición” en Irak y en Afganistán demuestran que la amenaza a esa libertad no ha perdido vigencia. Distintos informes denuncian comportamientos de cowboy por parte de individuos que vulneran con impunidad derechos humanos fundamentales.
Solo un contratista norteamericano ha sido juzgado y encarcelado por crímenes de tortura y asesinato, aunque diversos informes dan cuenta de decenas de casos más. No se trata de señores de la guerra, sino de empleados de empresas privadas que ofrecen “servicios” en el “mercado” de la “seguridad”. Entre los clientes se encuentran los departamentos de Defensa y de Estado del Gobierno estadounidense.
La negativa de Estados Unidos y de Gran Bretaña de ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Utilización de Mercenarios presentaba ya obstáculos a la hora de actuar contra individuos de esos países implicados en actividades mercenarias. Cuestiones relacionadas con la nacionalidad impiden que la gran mayoría de los culpables por crímenes de tortura, de asesinatos indiscriminados a civiles y de otras violaciones de derechos humanos pudieran ser procesados como mercenarios, aunque Estados Unidos y Reino Unido la hubiesen ratificado.
La convención no define como mercenario a individuos con la nacionalidad del país ocupante o del país ocupado. Tanto en Irak como en Afganistán, la gran mayoría de los empleados son iraquíes y afganos respectivamente, entrenados por las fuerzas ocupantes o por antiguos militares y ex legionarios que ahora trabajan para empresas militares privadas. Estas empresas norteamericanas y británicas contratan también a antiguos militares y ex policías de sus países.
La cláusula de la nacionalidad se pensó en un contexto internacional en el que los Estados conservaban el monopolio del uso de la fuerza armada; el peso de las contiendas militares regulares recaía en los ejércitos nacionales. En la actualidad escasean los conflictos entre ejércitos y proliferan aquéllos que se dan dentro de los países, en especial los Estados fallidos o los que se encuentran en las garras del narcotráfico y el crimen organizado.
La convención define como mercenarios a individuos que actúan por beneficio propio o que perciben sumas superiores a las que obtendrían por la misma actividad si representaran al ejército de su país.
En la actualidad, muchos soldados profesionales encuentran motivaciones para enlistarse que van en su propio beneficio. Al enfrentarse a problemas de reclutamiento en guerras cada vez más impopulares, han mejorado las condiciones económicas de soldados profesionales de muchos países.
Aunque estos gastos se detraen de partidas en beneficio de los ciudadanos más necesitados, muchos jóvenes encuentran en el ejército un empleo seguro en tiempos de crisis. Además, tienen la posibilidad posteriormente de recibir una formación universitaria e incluso la nacionalidad, lo que ha elevado el número de latinoamericanos y otros extranjeros en el Ejército de Estados Unidos.