El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, se ha empeñado en retomar el tema de la competencia laboral y eso lo ha llevado a confrontar las acciones que en este sentido venía haciendo la Fundación del Trabajo.
Es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) quien, por ley, debe establecer, desarrollar y aplicar las políticas públicas que en materia laboral se aplican en el territorio nacional.
Al respecto, la ministra Alma Lorena Cortés indicó que “estamos pidiendo a la Fundación del Trabajo que nos rinda cuenta de los 800 mil dólares que anualmente ha recibido desde 1993. Tienen la obligación de presentar informes mensuales, del uso del dinero y estamos buscando en los registros y no hay ni un solo informe”.
Con anterioridad, el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, se había referido al asunto diciendo: “estudiamos una serie de convenios que se han estado firmando donde fueron contratados por el Inadeh para desarrollar un organismo certificador de competencias laborales. Esto es un poco delicado, porque es al Mitradel a quien le toca establecer las políticas públicas con este tema”.
Las competencias laborales tienen como finalidad la adaptación de las personas a la sociedad y al mundo laboral, vinculándolos al conocimiento, actitudes, habilidades y aptitudes que permiten el trabajo en equipo, orientado al logro de resultados en su labor y desarrollar competencias específicas, acordes a cada una de las actividades del quehacer humano.
En esencia, es un nuevo paradigma de calificación basado en una forma diferente de organización del trabajo y de gestión de la producción. Su génesis está asociada a la crisis de la noción tradicional de puestos de trabajo y a un cierto modelo de clasificación y relación profesional.
Para la certificación en competencia laboral, existe un proceso por medio del cual un organismo reconoce y certifica que un individuo ha demostrado ser competente para una función laboral determinada, independientemente de la forma como adquirió esta competencia, y esta basada en normas reconocidas tanto en el ámbito nacional como internacional.
El sistema educativo pasa a ser una pieza vital en este proceso de competencias laborales, amén de la participación de los agentes sociales de la producción y del Gobierno, invertir en capital humano es en cierta forma la tónica del momento.
Teodoro Schultz, economista, indicaba que “El capital humano aumenta la productividad del trabajo y del capital; como en el caso de la tecnología, los aumentos de ingresos que provienen del capital humano, acrecientan aún más las posibilidades de producir ingresos a partir de una mayor especialización”.
Hace más de tres décadas que los gobiernos vienen desarrollando los mecanismos que permitan a sus trabajadores obtener una certificación de sus capacidades.
Así el Estado puede ofertar un recurso humano de primera con posibilidad de movilización internacional propio del desarrollo de la globalización de los mercados. Este es un tema de Estado y, dado a que cuenta con mayores recursos, le compete al Gobierno Nacional iniciar o continuar un estudio para normarlo, para que Panamá se incorpore al carro de las competencias laborales. Para ayer ya es tarde, si de verdad queremos ser un país de primer orden.