Ante las actuales circunstancias, caracterizadas por el alza de precios de los hidrocarburos, cuyos mecanismos tradicionales de transmisión se dan con el aumento del costo de la energía eléctrica, lo que encarece a su vez los bienes y servicios de la población panameña, urge tomar medidas para confrontar esta problemática, especialmente con relación a la producción de alimentos básicos, cuya oferta en muchos casos es restringida.
No basta con las ferias o mecanismos de contención de aumento del precio de los combustibles y de otros productos de consumo básico en el futuro, por ejemplo, los medicamentos, cuando el problema es estructural y no solo coyuntural. Instituciones inoperantes como la Acodeco han sido superadas por los hechos, sin tener sus directivos capacidad de respuesta; quedan sin argumentos que justifiquen el discurso secular de la libre competencia cuando los precios bajan, y de la protección al consumidor cuando suben. Contrario al ave fénix, estos individuos inoperantes no surgen de sus cenizas, por el contrario, se pulverizan en ellas.
La competencia, más que un resultado en sí misma, es un proceso derivado en parte de los factores estructurales del mercado, en el que la capacidad de ofertar en cantidad suficiente y calidad aceptable, establece los parámetros con los cuales se miden las posibilidades de acceso de la población al consumo de bienes, y más allá de la consideración de los precios, también juega un papel determinante la disponibilidad como elemento de fondo que influye positivamente o negativamente en la dinámica de los precios internos.
Panamá se ubica como uno de los países más rezagados en el Índice de Producción de Alimentos del Banco Mundial (1999-2001=100, http:/datos.bancomundial.org/indicador/ag.prd.food.xd), en el área centroamericana, pese a su buen desempeño económico respecto de algunos países. Por ejemplo, en el año 2009, el índice de Panamá fue de 116.0, mientras que países como Nicaragua y Honduras tuvieron un índice de 135.0 y 145.0, respectivamente. Por su lado, Costa Rica y Guatemala presentaron índices de 126.0 y 141.0.
El incremento en el precio de los combustibles o de los insumos empleados en la agricultura solo contribuyen a profundizar la precaria situación en la que se encuentra la producción de alimentos básicos, carente de una política de Estado dirigida a solventar los problemas de escasez de oferta, en adición a una política de competencia que en nada ha contribuido a resolver los problemas estructurales de mercado de muchos productos alimenticios en Panamá, y que, por el contrario, facilitan conductas perversas de los agentes económicos, quienes abusan sin escrúpulo alguno de los consumidores, estableciendo precios elevados más allá de cualquier racionabilidad o ética en los negocios, amparados por la libre competencia; vaya ironía.
Ante esta situación, algunos funcionarios inoperantes que dicen defender la libre competencia siguen esgrimiendo el argumento de que la crisis inflacionaria en los precios de los alimentos se debe solo al incremento en los precios del petróleo. Se trata de una verdad a medias que solo sirve para seguir escondiendo el problema de fondo. A manera de ejemplo se puede mencionar la situación de un grano básico como el arroz, cuya producción nunca ha logrado ser suficiente y, año tras año, se debe importar el contingente, o al menos parte de él, para garantizar el abastecimiento de la población, mientras que con o sin crisis petrolera los precios de este grano siguen aumentando año tras año.
Esta estirpe de ineptos ha sido superada por los hechos y condenados al basurero de la historia. Es hora de hacer cambios, de poner al frente a profesionales que den la talla y que los homínidos superiores den respuestas plausibles a los problemas de fondo que afectan a nuestra economía de mercado, para superar el silencio de la incompetencia, cuando el costo de la vida se encarece como una burla a los miles de panameños que trabajan duro cada día para ganar su sustento.