En primer lugar, es preciso distinguir los valores estrictamente democráticos, de los éticos, sociológicos o políticos vigentes en una determinada sociedad, sobre todo, en una de carácter democrático. Es evidente que estos últimos, entre otros, condicionan tanto el contenido de los valores como de los objetivos democráticos y su realización. En tal sentido, los dos grandes valores de la democracia, entendidos como fines en sí mismos, son la libertad y la igualdad (vista esta como un ideal que siempre se busca), y que los cambios sociales se registran cuando los ciudadanos sienten que se afecta su libertad.
La justicia, el pluralismo y la participación son en realidad condiciones de la democracia que hacen posible la realización de aquellos dos valores. A esto solo agregaríamos que con base a ambos es posible la búsqueda constante de la igualdad y libertad tan anhelada por nuestros ciudadanos.
No obstante, si los ciudadanos pierden la confianza en la democracia, porque no abona, permite ni busca de forma permanente fortalecer la libertad ni cómo garantizar mayores niveles de equidad, puede generar problemas serios para el sostenimiento del propio sistema.
La democracia es, pues, uno de los valores teóricos que sostiene el contrato social; es el medio que permite transformar las distintas relaciones sociales, en varias esferas públicas; es un hecho social no acabado y se consolida en la medida que se entiende que debe estar en cambio permanente y dinámico.
La democracia es un concepto que ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia y tiene diferencias por factores históricos, culturales, políticos, sociales y económicos. Esta sería una de las razones que puede explicar sus diversas definiciones, aunque no todas ligadas por el reconocimiento de que el poder reside en el pueblo.
La sociedad que solo transforme lo formal; que se preocupe por tener leyes, pero no de su cumplimiento; que no ejerce la participación ciudadana, como sistema de pesos y contrapesos, como control para evitar los abusos del poder, y que no tenga transformaciones en lo real, obstaculiza la dinámica que el sistema requiere. En el caso de Panamá, una reforma constitucional. Urge de manera inmediata, una constituyente que posibilite entre otras cosas alcanzar la integración de los derechos de la libertad con las exigencias de la justicia social, dos principios necesarios de un sistema consumado, no solo formal si no sustancial.
Se requiere una reforma constitucional que apueste a un sistema político, en el que el poder del pueblo se ejerza sobre el pueblo; en que el ciudadano se convierta en sujeto y objeto; sustentado en las garantías y libertades de la sociedad. Dicho esto, como sociedad, o nos planteamos la constituyente o la democracia anhelada solo será un sueño. La mayoría de académicos coincidimos en que si los gobiernos persisten en hacer caso omiso al clamor ciudadano, nos encaminaremos a una revolución. ¿De qué tipo? Eso aún no lo sabemos.
