Uno de los problemas seculares de Panamá ha sido la endémica corrupción en consulados privativos de marina mercante, llamados así por estar dedicados casi exclusivamente a atender negocios relacionados con el registro panameño de naves. Problema que no ha querido resolver ninguno de los gobiernos que se han sucedido en el poder.
El problema fundamental está referido a la discrecionalidad que tienen los cónsules de marina mercante para realizar cobros por tasas de registro, certificaciones técnicas y otros servicios. Como funciona en la actualidad con base en el Decreto de Gabinete No. 75 del 1 de julio de 1990, aparte de su salario, los cónsules reciben el 8% de los recaudos hasta la suma de $20 mil; 9% hasta los $50 mil y 10% hasta los $100 mil mensuales.
El volumen de negocios que generan consulados como los de Tokio, Kobe, Manila, Singapur, Londres, Nueva York, Hong Kong, Rotterdam y Pireos, solo para citar los más importantes, es tal que los ingresos de algunos cónsules exceden los $20 mil mensuales, más del doble del salario presidencial.
En artículo sobre el tema publicado en La Prensa por Betty Brannan Jaén el 17 de septiembre de 2004, la periodista cita un estudio sobre los consulados panameños, escrito por la diplomática Luz Lescure, a la postre directora de la Academia Diplomática. Al referirse a los “incentivos” (comisiones), la autora afirma que en la práctica ello “lo que ha producido en la mayoría de los casos es una rebatiña de clientes tal que nuestros consulados parecen tiendas de víveres a la usanza medieval, en donde sus ‘dueños’ son capaces de cualquier acto, pulcro o vil, para capturar a un cliente”.
La apetencia por algunos consulados es tal que políticos y donantes se han convertido en dueños feudales de ciertos consulados, y algunos padrinos de esos cónsules “cobran porcentajes por nombramientos y recaudos”. Emulando una de las frases emblemáticas de campaña del hoy presidente Ricardo Martinelli, “al servicio consular muchos entraron limpios y salieron millonarios”.
Meses antes de que Brannan Jaén expusiera el problema de los consulados, el entonces candidato a la Presidencia Martín Torrijos prometía erradicar esa fuente de corrupción y convertir a los consulados “en un vehículo para promover inversiones, no un privilegio para que unos pocos se hagan millonarios” (La Prensa, 16/01/04).
Lamentablemente, al concluir el gobierno de Torrijos, lejos de haberse resuelto, el problema de los consulados sigue igual o peor que antes. Quizás estimulado por la promesa del ex presidente, en diciembre de 2004 el diputado José Luis Fábrega propuso un proyecto de ley para establecer una tasa fija de salarios para los cónsules, pero no tuvo el respaldo esperado. Como testimonio al incumplimiento de la promesa electoral, los medios han recogido denuncias de corrupción en varios consulados, que van desde cobros con recibos no oficiales, ingresos no reportados y el pago por el consulado de gastos personales, hasta el reporte fraudulento de la tasa de cambio.
Lejos de atacar el problema, el pasado gobierno, cediendo a presiones de algunos cónsules y políticos, dilató la implementación del programa de automatización, que habría evitado que los dineros pagados por armadores y gente de mar pasaran por las manos de los cónsules. De acuerdo al contrato suscrito con la firma española Indra, el sistema automatizado debió estar en operación en 2007. Sin embargo, todavía no se ha implementado. En cambio, el registro de Nevis, insignificante al lado del de Panamá, implantó la automatización en solo seis meses.
La presidencia de Martinelli ha levantado grandes expectativas, entre ellas la de resolver este grave problema. La solución es muy simple. Debe completar la automatización, eliminando la participación de los cónsules en los recaudos, profesionalizar el servicio consular y dotarlo de personal técnico bilingüe con estabilidad. La diferencia en costos por región se podría compensar mediante un ajuste por “costo real” (actual expense allowance), similar al que aplican los países desarrollados. Cumplida esta necesaria tarea, el Estado podría dedicar los millones que antes se repartían los cónsules para combatir la pobreza.
