La negociación de Refinería Panamá, S.A. (REFPAN), con el Gobierno consiste en mantener sus instalaciones para continuar sus operaciones como importador de hidrocarburos, pero esto a su vez, trae consigo un problema: eliminarán casi el 90% de su fuerza laboral.
La Prensa obtuvo un borrador del convenio de transacción y terminación que sería suscrito entre la empresa y el Gobierno panameño. En el documento se manifiesta el interés de la Refinería Panamá en mantener el uso de las tierras y otros bienes de propiedad del Estado, al igual que los muelles y demás instalaciones por ella construidas.
Todo ello, con la finalidad de llevar a cabo actividades propias de una terminal de petróleo, entre las cuales figura la importación, compra, almacenaje, mezcla, envase, manejo, trasiego, comercialización y venta de productos de petróleo.
El Estado, por su parte, expresa igualmente su anuencia de conceder a Refinería Panamá, S.A., derechos de uso de aquellas tierras y otros bienes de su propiedad, y los muelles y demás instalaciones construidas por la empresa sobre dichas terrenos u otros bienes, al amparo del contrato-ley No. 35, con sujeción a los contratos que al efecto celebren las partes de conformidad con la ley aplicable, se anota en el documento de transacción.
En la fecha efectiva de terminación del referido contrato cesarán y terminarán todo los derechos, beneficios así como todas las obligaciones derivadas del contrato en mención.
Antes de la fecha efectiva de terminación del contrato, la empresa y el Estado, a través de la Autoridad Marítima de Panamá y del Ministerio de Economía y Finanzas, según sus respectivas competencias, celebrarán y perfeccionarán dos contratos, mediante los cuales se confiere a Refinería Panamá, el uso de bienes del Estado.
Después de la entrada en vigor, los mencionados contratos serán autónomos e independientes del presente convenio de transacción y deberán cumplirse de conformidad con sus propios términos y condiciones.
Asimismo, antes de la fecha de terminación, el Estado y Refinería Panamá, S.A., celebrarán y perfeccionarán un contrato de operación de Zona Libre de petróleo, conforme a lo previsto en el decreto de Gabinete No. 29, de 14 de julio de 1992, según lo modificado y reglamentado y conforme al texto de dicho contrato de operación, de forma tal que la empresa continúe gozando de la condición de zona libre de petróleo en forma ininterrumpida, después de la terminación del contrato-ley.
Fuentes del Ministerio de Comercio e Industrias aseguraron que con este arreglo se permitiría transgredir un litigio que resultaba oneroso y que, en caso de dictarse una decisión adversa, podría causar importantes perjuicios al Estado.
Con la terminación anticipada se liberaría el mercado de hidrocarburos y con ello debe lograrse una reducción del precio a los consumidores de estos productos.
