Es necesario que Cuba regrese pronto a la OEA, pero no por la hendija de las triquiñuelas ideológicas o la diplomacia cómplice y oportunista, sino con apego a las normas, procedimientos y esencia del Sistema Interamericano.
Y si algún valor constituye el corazón de ese sistema es el respeto a la libertad y la democracia, y a su ejercicio representativo como forma de hacerlas realidad.
“La misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad”, dice, en su primera línea, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en 1948, y añade: “La democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.
La Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima en 2001, es aún más explícita y enérgica. Dispone que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”; también, que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho”.
Y para que no existan dudas sobre qué entiende por representatividad democrática, enuncia claramente sus elementos; entre otros: “respeto a los derechos humanos”; la “celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal”, y la existencia de un “régimen plural de partidos… y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Más adelante declara que “la ruptura del orden democrático” constituye “un obstáculo insuperable” para que un gobierno participe en las instancias políticas de la OEA. Por esto, su Asamblea General podrá suspenderlo mediante votación de dos tercios.
Lo anterior no quiere decir que los 34 miembros activos de la OEA se apegan rigurosamente a los principios de ambos documentos.
Hubo épocas en que la mayoría de sus integrantes eran dictaduras militares, oligárquicas o corporativistas. En la actualidad, además, un puñado de gobiernos populistas autoritarios, más lejanos que cercanos de la Carta Democrática, despliegan una intensa labor en la OEA.
Incluso, la suspensión de Cuba, en 1962, no se fundamentó explícitamente en su carácter dictatorial, sino en que la adhesión del Gobierno al marxismo–leninismo resultaba “incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano”.
Ya el marxismo–leninismo, como bloque o sistema, no existe; Cuba, por su extrema debilidad, no representa una amenaza real a la soberanía de otros estados, y todos los gobiernos del hemisferio, excepto El Salvador y Estados Unidos, mantienen relaciones diplomáticas con la isla.
¿No es esto suficiente para que regrese de inmediato a la OEA, y que la decisión se tome, como han pedido Nicaragua y Honduras, en la Asamblea General que se celebrará en este último país a partir del martes próximo?
De no existir la Carta Democrática, la respuesta, dentro de un oportunismo jurídico-diplomático desdeñoso de los derechos humanos, podría ser positiva. Si antes estuvieron Trujillo, Stroessner o Duvalier, ¿por qué no uno de los Castro?
La gran diferencia es que la Carta Democrática está vigente, por la decisión unánime de los Estados de la OEA. Y aunque sus efectos es difícil medirlos, existen indicios de que ha servido como elemento de contención a los peores ímpetus autoritarios de algunos gobernantes latinoamericanos.
Admitir sin condiciones al único gobierno que, de manera explícita, sistemática y abierta, reniega de la democracia representativa, impide las elecciones libres, conculca las libertades básicas de la población y ni siquiera ha pedido regresar a la Organización, sería catastrófico para el Sistema Interamericano. Implicaría condenar la Carta –y, con ella, a la OEA– a la irrelevancia.
Lo que se impone es promover el regreso de Cuba a partir de compromisos concretos, crecientes y verificables de su respeto a la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Para lograrlo, sin embargo, se necesita un tipo de diplomacia recta, visionaria e inteligente que, hasta ahora, América Latina ha sido incapaz de impulsar. He aquí otro serio problema del Sistema Interamericano.