José Miguel Alemán La comunidad internacional conmemora hoy el Día internacional de la eliminación de la discriminación racial. El 21 de marzo de 1960, durante la celebración de una protesta contra el régimen discriminatorio conocido como apartheid, 69 personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden en Sharpeville, Sudáfrica. En su memoria y para dirigir la atención de la humanidad hacia la necesidad de superar la intolerancia racial, en 1966 la Organización de las Naciones Unidas resolvió establecer una jornada anual de reflexión sobre el tema, en el aniversario de la masacre de Sharpeville.
Desde entonces, la comunidad internacional ha registrado importantes adelantos en la lucha contra la discriminación racial. Al mismo tiempo y paradójicamente algunas sociedades han sido testigos del resurgimiento del racismo, cuyos excesos han manchado de luto y causado honda pena a la humanidad. Testimonio de ello son los conflictos étnicos que se han suscitado recientemente en Medio Oriente y los Balcanes.
El Gobierno de Panamá, consecuente con su postura en contra de todas las formas de discriminación, ha condenado y seguirá condenando dichos excesos, que son inaceptables para una comunidad internacional comprometida con el afianzamiento del sistema democrático y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Panamá ha reafirmado repetidamente su firme e indeclinable adhesión a los principios contenidos en la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, suscrita por la república de Panamá el 8 de diciembre de 1966 y ratificada por la Asamblea Nacional el 16 de agosto de 1967.
Panamá comparte también las preocupaciones expresadas durante la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre de 2001. La Conferencia mundial contra el racismo apeló a las partes en conflicto en Medio Oriente a que pusieran fin a las acciones de violencia y retomaran las negociaciones de paz. También pidió respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el principio de autodeterminación.
Los Estados y organizaciones reunidos en Durban expresaron su profundo dolor por la situación de esclavitud a la que se sometió durante siglos a millones de hombres, mujeres y niños, así como por el genocidio que ha afectado a otros millones de seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. La conferencia calificó como crímenes de lesa humanidad a la esclavitud y el tráfico de esclavos, fenómenos que persisten solapadamente en algunos rincones del planeta.
La legislación panameña, a partir de la Constitución de 1904, prohíbe la discriminación así como creación de fueros o privilegios personales por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.
Recientemente, por iniciativa del Organo Ejecutivo y como aporte de Panamá a la lucha contra la impunidad, la Asamblea Legislativa aprobó el Estatuto de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional, instancia jurídica que conocerá y juzgará el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad, cuando éstos no puedan resolverse en los tribunales del Estado correspondiente. Con esta medida, Panamá contribuye de manera decidida a la eliminación del racismo, la intolerancia y otras conductas similarmente reprensibles, a nivel mundial.
En lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas materia íntimamente ligada a la lucha contra la discriminación racial mediante la Ley 5 de 2002 se declaró el 12 de octubre Día nacional de reflexión sobre la situación de los pueblos indígenas.
Los adelantos jurídicos logrados recientemente contribuyen, sobre todo, a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de arraigar los valores de la tolerancia y la igualdad, componentes esenciales del sistema democrático. Sin embargo, como lo señalan algunos activistas de los derechos humanos, persisten en Panamá algunas formas sutiles de racismo que no tienen cabida en la sociedad incluyente y democrática que la inmensa mayoría de la población desea construir, basada en la mutua comprensión y el respeto por la diversidad.
En tan importante ocasión, conviene meditar sobre esta realidad social y comprometernos a superar las actitudes discriminatorias que afectan nuestro desarrollo como pueblo libre y democrático. Más concretamente, como lo han sugerido distinguidos juristas, valdría la pena que el Organo Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el sistema judicial, junto con la sociedad civil, asumieran la tarea de armonizar nuestro régimen legal con la legislación internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Así daríamos un impulso adicional y significativo al anhelo de la comunidad internacional de derrotar el racismo, la intolerancia y la xenofobia que tanto daño han hecho a la humanidad.
El autor es abogado y canciller de la República
