El valor de las percepciones no radica en el grado de veracidad que tengan, sino en la intensidad de la fe con que se las atesora. Que su cónyuge piense que usted es la criatura más apuesta que existe no implica que ello sea cierto, pero, ¡esmérese porque lo siga creyendo!, de lo contrario habrá problemas.
Hay quienes pregonan que hace algunos años las calles citadinas eran más seguras. Hay quienes llegan aún más lejos y, sin ningún desparpajo, sentencian que bajo el régimen militar el hampa estaba controlada. Luego llevan su comparación a los niveles de inseguridad y violencia que hoy campean y, como por arte de birlibirloque, concluyen que el presente sistema democrático no es garantía de ninguna seguridad física para el ciudadano. De las seguridades jurídicas, económicas y laborales mejor ni hablar.
Para terminar de clavarle la tapa al cajón, amanece el domingo y en plena transmisión televisiva de la misa correspondiente, nos extasiamos con el llamado de la Policía Nacional prácticamente dejando en manos de la ciudadanía el rollo ese de su propia seguridad. Terminamos el día con la percepción nada agradable de que estamos a merced de los bandoleros (nos referimos a los asesinos y asaltantes, porque ya hace años que este país cayó en manos de Alí Babá y su numerosa garulilla).
El problema de la violencia callejera, originada según algunos por las rencillas entre bandas, por el narcotráfico y la proliferación de armas, asume ahora un cariz de percepción ciudadana: algunos tenemos la impresión de que la Policía Nacional carece de un liderazgo efectivo que pueda producir los resultados necesarios a corto plazo. Esto sin hablar del mediano y largo plazo, porque muchos habrá que no tendrán oportunidad de constatarlo, de seguir como vamos.
Claro que hay aspectos anexos que nos indican que no es culpa de los miembros de a pie de los organismos públicos de seguridad. La sección de homicidios de la PTJ, por ejemplo, dispone únicamente de 20 detectives para atender los casi 200 crímenes que se dan en la ciudad. Cada una de estas unidades debe resolver un promedio anual de 10 crímenes, a razón de un crimen cada 36 días. Y tomando en cuenta que durante los primeros siete meses de este año se han ejecutado 125 crímenes, significa ello que en la ciudad de Panamá se produce un homicidio cada 40 horas. ¡No sólo en la Caja de Seguro hay déficit! Con las unidades disponibles en la PTJ no hay manera de cumplir con la demanda en las calles.
Según la Comisión Nacional de Estadística Criminal y del Departamento de Estadísticas del Organo Judicial, en el año 2001, muchachos entre 14 y 17 años fueron autores de mil 71 delitos graves. Muchachos que en otras circunstancias deberían estar en las aulas de clases fueron artífices del 20% de los homicidios, el 17% de los robos y el 6% de las violaciones.
Claro que eso aún no alcanza ribetes trágicos para algunos funcionarios. La presidenta, en una visita a La Laguna de Pocrí, dijo que si miramos a los países vecinos nos daremos cuenta de que Panamá todavía no está en aquellas condiciones. En otras palabras, en vista de que nuestra situación delictiva no está a nivel del entorno latinoamericano, dejemos su resolución para después, lo que es lo mismo decir: dejémosla para los futuros gobiernos. Filosofías como esa están por arrastrar al abismo al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
Javier Chérigo, subdirector de la PTJ, por su parte, pone el dedo en la llaga cuando aclara que uno de los problemas que enfrentan para combatir a los criminales es la poca cooperación de la ciudadanía, que no se atreve a declarar o a aportar detalles sobre delitos que han presenciado. Pero, ¿podemos culpar al ciudadano que siente que declarar o testificar en contra de un delincuente es poco menos que jugarse la vida? Aquiles García, ese mártir originado por la incapacidad gubernamental, en una nota fechada el 27 de junio del 2002 advierte sobre las amenazas que pesaban sobre él y el personal de su oficina tras el decomiso de un cargamento de presunta heroína.
¿Cómo podemos esperar que el ciudadano común y corriente, aquél que no es director de la DEFA, ponga en juego su integridad física cuando no hay una autoridad que proteja, siquiera, a los funcionarios amenazados? Porque es un chiste realmente malísimo, que el director del ente encargado de velar por nuestra seguridad saque el cuerpo declarando que a mí nunca me informaron de esas amenazas. ¿Cómo podemos confiar en una institución liderada por alguien que no se toma las molestias mínimas para permanecer medianamente informado de lo que ocurre a su alrededor? Creo que alguien debería regresar al negocio de las ventas automotrices. Porque si la cosa es rogar por ayuda divina que nos resuelva esta crisis de seguridad, tal vez lo mejor es invertir los recursos estatales en la compra de escapularios y medallitas religiosas. Con el descuento que logremos por una compra al mayoreo y lo que nos ahorremos de los salarios policiales, con toda seguridad resolveremos finalmente el resto de los problemas que nos aquejan como nación.
