Finalizó la pasada medianoche el plazo acordado para que Grupo Unidos por el Canal (GUPC) allanase el camino que permitiera, siempre en el marco del contrato suscrito con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dar continuidad a las obras de ampliación de la vía interoceánica.
No hubo arreglo, a pesar de las justificadas expectativas y la preocupación de los panameños. Pero obtener de la ACP más de mil 600 millones de dólares en concepto de reclamación por supuestos costos imprevistos no es cuestión de solo desearlo, ya que contraviene el marco regulatorio firmado.
Desde el primer ultimátum de GUPC, que puso fecha al abandono de las obras, diversos sectores de la sociedad nacional rechazaron de manera rotunda, por temeraria y leonina, la intención de chantajear a Panamá, violentando las cláusulas del convenio aceptado por el consorcio al suscribirlo en todas y cada una de sus partes.
Es importante tener en cuenta que GUPC, al imponer a sus labores una reducción cercana al 80% en su ritmo de trabajo, antes de la suspensión anunciada, ya había llevado el contrato a punto de resolución. Es hora de hacernos respetar.
Debe el país, en consecuencia, cerrar filas detrás de la ACP e instarla a que, cumplidos los pasos señalados en las cláusulas respectivas del contrato, declare su resolución, amén de plantear las demandas que procedan para exigir reparación de los perjuicios serios y severos que el contratista ha ocasionado, en términos económicos y de tiempo, a la ejecución normal del proyecto. Recuérdese que con independencia de su resolución, el contrato conserva vigencia obligante para la mutua exigencia de responsabilidades, cuando fuere el caso.
Es mucho lo que está en juego y afecta al futuro inmediato del país, lo que demanda de la directiva de la ACP adoptar, cuanto antes, una decisión que, además de avanzar en el desarrollo de la ampliación, conduzca a recuperar el tiempo que lamentablemente se ha perdido.
Esperar más será tan irresponsable como no hacer nada. Es necesario, además, que tanto el gobierno como las distintas fuerzas partidistas del país, actualmente en activo proselitismo electoral, saquen sus manos del Canal y se alejan de los asuntos de la entidad, puestos a resguardo de la beligerancia política por mandato expreso de la Constitución de la República.
En ese sentido, debe denunciarse, como contraria a los intereses de Panamá, toda intención de sacar ventaja política por la vía de debilitar la institucionalidad de la ACP. A quien así actúe, la nación habrá de exigirle cuentas.