La banca panameña ha logrado un desarrollo que pocos países de la región y del mundo pueden alcanzar. Desde sus inicios heredó el know how de banqueros de primera línea internacional. A diciembre 2007, el sector financiero representó 8.4% del PIB. La banca constituye el 80% de este sector y emplea a más de 16 mil 617 personas.
Los casos de fraude internacional, como el reciente de Société Générale en Francia, aún en investigación, le costó a la entidad cerca de 7 mil millones de dólares; y el de Baninter, en República Dominicana, llevó los niveles de inflación del país de 14% a 43% en menos de un año; ello obliga a reflexionar sobre el efecto de las conductas ilegales de unos pocos en la vida de muchos. Estas operaciones ilegítimas afectan principalmente a los cuentahabientes que confían su dinero en las instituciones bancarias.
En nuestro país contamos con instituciones sólidas, cuyas políticas de gobierno corporativo están bien definidas, respaldadas e implementadas, tanto por sus juntas directivas y colaboradores. Para el crecimiento integral de nuestras entidades, se requiere de un alto nivel de ética profesional y personal, por lo que la transparencia e integridad es responsabilidad de todos los que trabajamos en el centro bancario.
Cuando una institución se ve involucrada en una actividad fraudulenta, sufre daños económicos, reputacionales y legales, y se pierde la fe del cuentahabiente, lo que afecta al sistema en general. Debemos tener claro que todas las entidades bancarias, por el propio giro de sus negocios, son vulnerables a ser utilizadas para actos ilícitos. Para evitar estos actos se requiere implementar fuertes controles y procedimientos para lograr la transparencia de sus operaciones y, sobre todo, el compromiso de su gobierno corporativo y sus colaboradores con los valores éticos y morales de la institución, quienes como buenos padres de familia deben velar por la protección del bien que es de todos.
