Un día después de que la presidenta, Mireya Moscoso, insistiera en señalar que los medios masivos de información venden morbo, en alusión directa a las denuncias sobre presuntos vínculos de funcionarios en irregularidades, un informe de Transparencia Internacional (TI) anunció que la calificación dada a Panamá en el índice de percepción de corrupción en el mundo empeoró con respecto al año pasado.
Este año, el mencionado índice clasifica a 102 países en función del grado de corrupción percibida entre los funcionarios y políticos. Es un índice compuesto, basado en 15 sondeos y encuestas diferentes, realizadas por nueve instituciones independientes y llevadas a cabo entre empresarios y analistas de riesgos dentro y fuera del país.
Para este año, Panamá recibió una puntuación de 3 sobre 10. La calificación 10 es para aquellos países considerados limpios, y cero para aquellos altamente corruptos.
Resulta desafortunado que los doce últimos meses hayan transcurrido sin una sola iniciativa eficaz para combatir la corrupción, indicó Fernando Berguido, presidente de TI, capítulo de Panamá, mientras brindaba los resultados del referido índice.
La mencionada calificación es dada a Panamá como consecuencia de informes preparados por cuatro instituciones mundiales: el Banco Mundial, el World Economic Forum, la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist y la Universidad de Columbia en Estados Unidos.
Y es que, según TI, Panamá bajó del lugar 51 en donde se encontraba en el 2001, al puesto número 67 de un total de 102 países que contiene el índice mundial.
Finlandia es el país con mejor índice de percepción de corrupción seguido de Dinamarca, Nueva Zelanda, Islandia, Singapur, Suecia, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido.
Los más corruptos son: Bangladesh, Nigeria, Paraguay, Madagascar, Angola, Kenya, Indonesia, Azerbaiján, Uganda y Moldavi, según el mismo estudio.
A los escándalos de corrupción desatados en Panamá se les ha unido, según Fernando Berguido, la desilusión ciudadana por la ausencia de la puesta en marcha de las recomendaciones elaboradas por la Comisión Anticorrupción precisamente designada por la propia mandataria Moscoso y las amenaza por anular, mediante un decreto ejecutivo, disposiciones claves de la denominada Ley de Transparencia y acceso a información pública.
José Javier Rivera, quien integró la Comisión Presidencial Anticorrupción y es presidente de la Cámara de Comercio, consideró necesario tomar acciones concretas en la lucha contra la corrupción. Las medidas que se deben adoptar ya fueron hechas públicas, dijo, lo que se requiere es tomar acción.