Panamá tiene una Constitución que establece un régimen excesivamente presidencialista y es quizá uno de los países más centralizados de América Latina. Producto de ello, las competencias del alcalde, inclusive el de la ciudad capital, son limitadas. Y lo peor es que, encima, muchas veces los alcaldes se han inhibido de asumir hasta las competencias que constitucional y legalmente le corresponden.
Al iniciar mi campaña a la alcaldía, realicé una serie de focus groups. Lo primero que se preguntaba era cuáles eran los problemas de la ciudad y luego, a quién le correspondía resolverlos. Muy pocas personas mencionaban al municipio como la instancia responsable de resolver los problemas de la ciudad. Más bien se referían al presidente o a los ministros. Si cumplido mi actual período, en 2019, una mayoría de personas piensa que el alcalde es la persona encargada de resolver los problemas de la ciudad, habré hecho bien mi trabajo.
Con ello en mente, me he propuesto como objetivo empoderar al gobierno municipal. Asumir el rol que me corresponde como máxima autoridad de la ciudad. Eso significa que la alcaldía reclame un papel protagónico en la planificación urbana. Para tal propósito, hemos formalizado la Dirección de Planificación Urbano que ahora sí aparece en el organigrama municipal, se ha nombrado nuevo personal altamente calificado y se adelantan esfuerzos de planificación sin precedentes en la historia de la ciudad capital.
Panamá ha entrado en el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que deberá permitirnos, al final de este año, contar con un diagnóstico con indicadores medibles del estado de nuestra ciudad y un plan de acción con metas claras para mejorar en los puntos críticos. Todo este proceso es liderado por la vicealcaldesa, Raisa Banfield. Paralelo a ello, trabajamos en proyectos de intervenciones urbanas integrales para sitios como la vía Argentina y calle Uruguay (adjudicados en licitaciones públicas a jóvenes firmas de arquitectos panameños), para el centenario barrio de la Exposición (en conjunto con el Banco Mundial y el BID), para la peatonal de Santa Ana (con la asesoría de la Alcaldía de Guayaquil) y para Chilibre, a través del Parque Distrital del Norte (en colaboración con universidades estadounidenses y nacionales). Es un esfuerzo sesudo, complicado y mucho más demorado que si tan solo recurriéramos a la licitación de estudio y diseño, a la que tanto se ha recurrido en el pasado. Pero en la alcaldía estamos convencidos de que el camino escogido asegura un mejor resultado.
Quizá aún hay quienes no se han dado cuenta, pero un profundo cambio ya ha ocurrido. Esta no es una alcaldía, que como dijo un expresidente de ingrata recordación, solo se dedica a “cortar la grama y recoger la basura”, sino una que asume su rol como autoridad urbanística y lidera el proceso de transformación que nos llevará a una ciudad diferente, con mejor calidad de vida para todos los que vivimos en ella.