Una mujer empezó con algo similar a reuniones casuales para tomar café con sus dinámicas amigas y terminó convirtiéndose en la fuerza motriz detrás de un movimiento que derrocó al presidente hondureño. Las otras prefirieron mantenerse fuera de la política hasta que la expulsión del Presidente las obligó a protestar.
Armida Villela de López Contreras, abogada y ex vicepresidenta, se ha convertido en una de las detractoras más visibles del expulsado presidente hondureño Manuel Zelaya. Por otra parte, Hedme Castro es una de las miles de profesores que se han unido para exigir el regreso de Zelaya.
Entre ambas existe una brecha política y socioeconómica que sigue amenazando la estabilidad de lo que fue uno de los principales escenarios de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría. Y lo que ellas tienen que decir acerca de cómo empezó la crisis política de este país y acerca de los sacrificios que ellas están dispuestas a hacer para defender sus opiniones deja muy poca esperanza de que vaya a terminar en el futuro cercano.
Para López Contreras, destacada integrante de la pequeña clase alta de este país, Zelaya fue expulsado debido a que su floreciente alianza con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se había convertido en una amenaza para la democracia hondureña. Ella es una de las integrantes fundadoras de una coalición que representa a una parte de los negocios y fuerzas políticas más poderosas del país. Además, ella dice que los miembros de la coalición están dispuestos a hacer, o gastar, lo que haga falta para mantener a flote a su país en vista de la creciente presión económica a causa de la resultante condena mundial del golpe de estado. Zelaya estaba sofocando a todos los otros poderes del Gobierno, destacó de López Contreras. Ahora que él ya se marchó, estamos respirando el aire de libertad. Esta es una conquista a la que no estamos dispuestos a renunciar.
Para Castro, quien lleva una firme existencia de clase trabajadora, Zelaya fue expulsado porque gente como de López Contreras se sentía amenazada por sus esfuerzos con miras a darles impulso a los pobres; más notablemente con un aumento de 60% al salario mínimo, quedando en aproximadamente 9.60 dólares al día respecto de más o menos seis dólares diarios. Se estima que 60% de Honduras vive en la pobreza.
La semana pasada, partidarios de Zelaya, encabezados por lo que se estimó en 50 mil profesores, intentaron ejercer mayor presión sobre el gobierno de facto mediante el cierre de escuelas, llevando a cabo manifestaciones por varios días y obstruyendo el tránsito vehicular a lo largo de carreteras en los alrededores de las dos ciudades principales del país.
Yo no creo haber visto un presidente como él, dijo Castro, refiriéndose a Zelaya. Quizá él cometió errores, pero siempre se equivocó a favor de los pobres. Es por esta razón que ellos pelearán hasta el final por él.
Si bien los dirigentes políticos en ambas partes han aprovechado al máximo las apasionadas emociones de sus bases electorales, la vida cotidiana ha asumido un tinte de surrealismo aquí. El gobierno de facto arguye que la vida del país ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, las escuelas públicas siguen cerradas, se han desplegado efectivos militares a fin de proteger la mayoría de las oficinas gubernamentales, estallan choques entre la policía y manifestantes casi a diario, al tiempo que ya empezaron a crecer los informes de ataques en contra de la prensa y líderes de la oposición. La mayoría de los medios noticiosos, tanto impresos como a través de las ondas radiales, ofrece un embate constante de vagas acusaciones de corrupción, narcotráfico e insurrección en contra de Zelaya y su Gabinete.
En el otro extremo, pintas en muros presentan al líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, como Pinocheletti, en referencia al general Augusto Pinochet, el ex dictador chileno. Grupos por los derechos humanos acusan al gobierno instalado a través del golpe de usar estrategias de escuadrón de la muerte en contra de sus opositores.