Veamos ahora el Organo Judicial. La misma ley de 1999 establece que los funcionarios deben presentar declaración jurada. Según el legislador que propuso la ley, esta declaración es de acceso público, porque al ser depositada en las notarías se entiende que es de acceso público. El pleno de la Corte (con un honroso salvamento de voto) no pensó así cuando un ciudadano solicitó la declaración jurada de otro legislador. El contralor la negó y la Corte avaló eso rechazando un recurso de habeas data. Decía en 1999 la promesa electoral "Un compromiso para el cambio" que "hasta el momento, las declaraciones de bienes permanecen en la Contraloría, sin posibilidad alguna de acceso a las mismas". ¿Y ahora no es peor con un fallo de la Corte que avala el secretismo de Contraloría?
Del Organo Ejecutivo no tengo mucho que decir porque ya veo que no se quiere que las declaraciones juradas sean públicas como prometieron, por un lado, y no aceptan, por el otro, que las personas denuncien enriquecimiento ilícito sin que primero se presenten pruebas. Tener acceso a una declaración jurada y comparar con lo que se ve cuando ese funcionario ostenta riquezas podría ser la prueba que se necesita, pero eso es lo que no se quiere. Más aún, todo queda en manos discrecionales del contralor, quien para investigar hace primero una auditoría que comienza con la administración del gobernador Pedrarias Dávila, y para cuando se decida denunciar penalmente, los nietos del funcionario corrupto que se enriqueció ilícitamente habrán heredado y gastado los fondos mal habidos.
El procurador aparece ahora como defensor de los ciudadanos que quieren denunciar enriquecimiento ilícito sin presentar la prueba. ¿Entonces por qué propuso que las declaraciones juradas no fuesen de acceso público como dijo un legislador hace años? ¿No creen que si un ciudadano tiene acceso a la declaración jurada del presidente que nombró al procurador y la compara con los yates, porsche, y un largo etcétera tiene más posibilidad de pedir que se investigue el enriquecimiento ilícito? Aparte de esto el procurador, por la misma ley de 1999, tiene acceso a las declaraciones juradas. ¿Entonces por qué no las pide y usa el Artículo 335 del Código Penal que le permite investigar enriquecimiento ilícito?
Yo creo que tienen que darse cambios radicales para combatir la corrupción. De momento yo estoy impulsando la idea de crear una entidad "Independiente", para investigar la corrupción. Todas las entidades que investigan corrupción hoy, dependen de los poderes que no quieren que se investigue. Ellos investigan lo que quiere su jefe, y esconden u omiten lo que también quiere su jefe. No sé si por la actual legislación constitucional una entidad independiente, como la que propongo, solo alcanzaría a estar a nivel administrativo y no penal. De ser así, creo en un cambio constitucional para que se pueda crear una Fiscalía Anticorrupción Independiente, aunque lanzo la pregunta a los abogados para que digan si esto es posible hacerlo ya. Mientras ello se logra, lo que sí puede crearse es una entidad independiente a nivel administrativo, que sería una especie de Defensoría del Pueblo pero despolitizada, con verdadera autonomía e independencia económica, administrativa, y que se encargaría de recibir e investigar denuncias de corrupción y darles traslado a la esfera penal (si lo amerita) una vez que haya perfeccionado el expediente.
Esta propuesta ya está en manos de los candidatos a la Presidencia. Dos de ellos respondieron y dijeron estar de acuerdo. Uno hasta sugirió: ¡Que esa entidad tenga capacidad hasta para investigar al presidente! Los demás candidatos guardan silencio.
Mientras no propongan cosas concretas para enfrentar la corrupción, me temo que en el 2004 la maleantería política (que para mí también está en el legislativo del CEMIS con mayoría PRD, en municipios controlados por el PRD que insisten en hacer exoneraciones millonarias, en el Tribunal Electoral que defiende el nepotismo, etc.) seguirá determinando lo que se hace desde el poder.