Un nuevo escollo puede enfrentar la negociación que emprende el Gobierno con la empresa Manzanillo International Terminal (MIT), encaminada a darle en concesión globos de terrenos adyacentes al puerto que opera en Coco Solo, corregimiento de Cristóbal, en Colón, ya que esas tierras son reclamadas en un litigio por quienes aseguran ser sus legítimos dueños.
Se trata de las fincas denominadas Coco Solo y El Potrero, propiedad de Romano Emiliani Baccini, y cuyos descendientes han reclamado el derecho a la plena propiedad de esas tierras. La reclamación no es nueva; de hecho, tienen 85 años en esas tareas y ello lo sabe la administración de Mireya Moscoso. Son 768.93 hectáreas.
Geraldine Emiliani S., una de las herederas, explicó que por efecto del convenio Hay-Bunau Varilla, de 1903, quedaron esas tierras a perpetuidad sujetas a las limitaciones jurisdiccionales. Según la cláusula VII de aquel tratado -y por encontrarse estas tierras adyacentes a la bahía de Colón-, solo podrían ser adquiridas por EU mediante solicitud formal al Gobierno de Panamá y pagando a su dueño el precio justo.
Esta formalidad no se cumplió, dijo. Las tierras, sin embargo, fueron ocupadas a la fuerza, a pesar de la oposición de su bisabuelo, quien fue arrestado junto con sus empleados, maltratado y acusado de intruso. Tras el vil despojo, añadió, se construyó sobre esos terrenos la Estación Naval Submarina, la Estación Naval, el Aeropuerto de France Field, instalaciones civiles y viviendas.
El 26 de febrero de 1921, según relató, la Corte Distrital de EU, distrito de la Zona del Canal, División de Cristóbal, decidió la controversia promovida por la Panamá Railroad Co. contra Romano Emiliani Baccini. Allí determinó, según dijo, que como poseedor pacífico, continuo y de forma ininterrumpida por un período de 30 años de las tierras en litigio tenía la nula propiedad de esas fincas.
Con posterioridad a la firma de los tratados Torrijos-Carter, el Gobierno de Panamá, mediante el Decreto No.158 del 5 de septiembre de 1980, reconoció y se solidarizó con la causa Emiliani, según refiere. La Cancillería, por su parte, y mediante su nota DGPE-EUC-No71/1474-6, del 6 de febrero de 1980, dirigida al secretario de Estado de EU, estableció la justa compensación a los verdaderos dueños de esas tierras.
El actual Gobierno, de acuerdo con Emiliani, ha dado muestras de tener la voluntad política de honrar la causa. En julio de 2001, nombró una comisión con el objeto de evaluar la reclamación. No obstante, a casi dos años de esa decisión, aún la comisión no ha emitido un informe al respecto.
