El Gobierno ha tratado de convertir una visita privada del secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, en una oportunidad para rebajar las tensiones con la Iglesia católica. Bertone recibió un tratamiento diplomático propio de los viajes de Estado, al mantener encuentros con el Rey, el presidente Zapatero, la vicepresidenta primera y el ministro de Asuntos Exteriores. También se entrevistó con el líder de la oposición, Mariano Rajoy.
Han sido evidente el esfuerzo del Gobierno por escenificar una normalización de relaciones, tras las muy tensas mantenidas con la jerarquía eclesiástica a lo largo de la legislatura anterior. La Conferencia Episcopal, bajo inspiración del cardenal Rouco, representante de su sector más radical, protagonizó una insólita campaña de movilizaciones contra el Gobierno, claramente acompasada con la estrategia de oposición del Partido Popular. La beligerancia antigubernamental de la emisora de radio propiedad de la Iglesia fue otro factor de envenenamiento de las relaciones.
El Gobierno tenía interés en evitar que se perpetuara ese clima, pero también lo tenía el Vaticano, cuya diplomacia, avalada por siglos de adaptación al terreno, tiene sus propias reglas. La protesta suscitada en víspera de las últimas elecciones por un escrito de los obispos que se interpretó como invitación a no votar al PSOE, gran parte de cuyos votantes se consideran católicos, causó alarma en el Vaticano. La cordialidad escenificada estos días es, por tanto, resultado de un interés compartido.
Pero es significativo que el Gobierno incluyera en la agenda un encuentro en el que la vicepresidenta expuso ante el número dos del Vaticano las razones y alcance de las iniciativas legislativas a las que se opone la Iglesia: reformas de la ley del aborto y de la de libertad religiosa y asignatura de educación para la ciudadanía, entre otras. Fernández de la Vega relacionó tales iniciativas con un deseo de mayor seguridad jurídica y de garantía de extensión de derechos (de las mujeres y de los inmigrantes). Pero también tuvo interés en aclarar que el Gobierno no tiene intención de modificar los acuerdos con la Santa Sede de 1979. El mensaje implícito fue que las cosas no son tan tremendas como las presenta la cúpula del episcopado español.
En una conferencia pronunciada el jueves, con motivo del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, Bertone se opuso a esas reformas en nombre de un derecho natural identificado con la doctrina católica, y reclamó un trato de privilegio para la Iglesia, con el argumento de que no es justo tratar igual a lo desigual. Renunció a encontrar puntos de coincidencia en la defensa de derechos humanos, con independencia de su fundamentación religiosa o laica. Era poco realista esperar más que eso, por mucha amabilidad que desplegaran las autoridades del Estado. Y tampoco el Vaticano puede suponer que un gobierno democrático pueda ni deba supeditar la aplicación de su programa al nihil obstat de Roma.