La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia está tramitando una nueva Ley de Juicios de Responsabilidades que permitirá reactivar varios procesos contra algunos ex mandatarios del país, acusados de cometer diferentes delitos contra el Estado.
La medida se enmarca en el programa revolucionario del presidente Evo Morales, que enarbola como uno de sus estandartes la lucha contra la corrupción, y que se sostiene electoralmente en una percepción que comparte una amplia mayoría de los votantes del partido en el gobierno: que gobernaron siempre los mismos (la minoría blanca y rica) y que utilizaron el poder en su propio beneficio.
En esa batalla, Morales está utilizando procedimientos que chocan frontalmente con las exigencias mínimas de un estado de derecho. Poco antes de que se debatiera la nueva norma que sentará en el banquillo a tres ex presidentes –Jorge Quiroga (2001–2002), Carlos Mesa (2003–2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005–2006)–, la arrolladora mayoría parlamentaria del MAS, el partido de Morales, aprobó una ley que ha permitido al Presidente designar a 18 miembros (de un total de 26) del Poder Judicial, de manera interina y hasta diciembre.
Mientras tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera ratificó al fiscal general, pese a que había agotado su mandato. Las acusaciones que pesan sobre los ex presidentes Quiroga y Mesa tienen que ver con la firma de contratos petroleros con multinacionales que se llevaron a cabo cuando gobernaban. A Rodríguez Veltzé se le quiere juzgar por “sometimiento a dominio extranjero y espionaje”, al haber encargado durante su mandato a Estados Unidos la destrucción de 41 misiles del Ejército boliviano.
El hecho de que la mayor parte de los responsables de las instancias por las que pasarán los procesos, desde el fiscal general a la Corte Suprema, hayan sido nombrados por el Gobierno deslegitima la iniciativa presuntamente justiciera de Evo Morales. Pero con un 64% de votos y un 70% de popularidad, el presidente boliviano tiene la fuerza suficiente para ignorar los fundamentos de la democracia, violar la Constitución y, de paso, desembarazarse de sus enemigos políticos.
Más que una legítima iniciativa para combatir la corrupción, Morales ha puesto en marcha una feroz maquinaria de ajuste de cuentas; en la peor tradición de los gobiernos revolucionarios que acaban abrazando el totalitarismo.